Tres de los cinco ex magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) presentaron sus «renuncias» luego que ya habían sido destituidos con 64 votos por la nueva Asamblea Legislativa el 1° de mayo, una maniobra que les ha generado críticas por quienes los habían salido a «respaldar» sobre todo en redes.
Los nuevos parlamentarios tomaron la decisión de destituirlos debido a una serie de resoluciones emitidas por los exfuncionarios de la Sala, ya que, a su criterio, pusieron en peligro la vida de la población durante lo más crítico de la pandemia por COVID-19, a través de arbitrariedades y fraudes de ley, al haber obviado artículos de la Constitución de la República en los que se consagra el derecho a la salud y el mismo Código de Salud en lo relacionado a tiempos de pandemia.
Curiosamente, diez minutos después de haber sido destituidos por 64 votos de la Asamblea, los ex magistrados emitieron una resolución en la que criticaron ese hecho y lo calificaron como «inconstitucional», pero en menos de 24 horas optaron por renunciar.
Las «renuncias» fueron anunciadas vía Twitter y el primero fue Aldo Cáder Camilot, quien terminaba su mandato en 2027, en su escrito se desvinculó de responder a intereses de partidos políticos y grupos de poder económico, «mi persona jamás ha estado vinculada ni ha respondido nunca a intereses de ningún partido político ni de ningún poder económico o de cualquier naturaleza», refirió en su escrito.
Agrega que todas sus decisiones como juez constitucional fueron emitidas conforme a su criterio jurídico respetando la Carta Magna.
En menos de seis horas de la «renuncia» de Cáder, Marina de Jesús Marenco de Torrento informó su decisión de carácter «irrevocable» el pasado domingo y aseguró que todas sus resoluciones como juez constitucional fueron emitidas conforme a su criterio jurídico en respecto a la Constitución de la República salvadoreña.
«He tomado la decisión de RENUNCIAR IRREVOCABLEMENTE a mi cargo como Magistrada Propietaria de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para el periodo de 2018-2027», indicó.
Otro de los exfuncionarios en «renunciar» fue, Carlos Ernesto Sánchez Escobar explicó que su decisión se basaba también en razones de índole familiar.
Sánchez asegura que «nunca ha estado vinculado ni ha respondido a intereses partidarios ni económicos».