En la guerra contra las pandillas el decomiso de teléfonos celulares que las fuerzas de seguridad han realizado ha servido a la Fiscalía General de la República para recopilar evidencia clave y acusarlos por agrupaciones ilícitas en los tribunales.
El último informe del Ministerio de Justicia y Seguridad detalla que desde la instauración del régimen de excepción el 27 de marzo del año 2022, han decomisado 15,636 teléfonos a pandilleros y colaboradores.
A casi un año de vigencia de esta medida los decomisos de los dispositivos han servido no solo para obtener pruebas, sino también para evitar que las pandillas continuaran delinquiendo ya que eran utilizados para planificar homicidios y extorsionar.
Cuando la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada han intervenido a miembros de las pandillas les han encontrado teléfonos celulares con fotos, videos, textos e información sobre la organización de las estructuras terroristas con datos de víctimas de extorsión y las acciones delictivas que tenían previsto ejecutar.
Con la incautación de los teléfonos las autoridades pudieron verificar que los portadores eran miembros activos de maras o colaboradores. En los dispositivos descubrieron información sobre instrucciones y estrategias de los grupos terroristas para eludir los controles de las fuerzas de seguridad y evitar ser detenidos.
A través de los teléfonos se intercambiaban información sobre la presencia de las autoridades y hablaban de los pandilleros que ya habían sido detenidos. Toda esa información encontrada en los dispositivos fue ofrecida como prueba por el ministerio público en las audiencia de imposición de medida efectuadas por los juzgados especializados de instrucción que comenzaron a procesar a los mareros.
En las audiencias los jueces le dieron validez a la información recolectada por los fiscales y sirvió como elementos indiciarios para mantenerlos en la cárcel por el delito de agrupaciones ilícitas.
Incluso en los juzgados los jueces ya han comenzado a emitir condenas en contra de cabecillas y mareros por delitos de extorsión producto de las pruebas que fueron halladas en los dispositivos.
En lo que va del régimen de excepción 65,400 pandilleros y colaboradores han sido detenidos y procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos de crimen organizado. Las autoridades les han decomisado, además, 2,488 armas de fuego, 3,143 vehículos y $1.7 millones en efectivo.
La estrategia de seguridad del Gobierno del Presidente Nayib Bukele ha logrado 319 días sin homicidios y se ha logrado mantener esa tendencia de reducción con la implementación del Plan Control Territorial y régimen de excepción.
También en la guerra contra las pandillas, el Gobierno envió los primeros 2,000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) ubicado en el municipio de Tecoluca, en San Vicente.
