En los últimos días de la semana pasada fuimos testigos de cómo la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) reprimió la libertad de expresión de una de sus docentes y la obligó a presentar la renuncia, violando con ello sus derechos humanos y sin que, hasta la fecha, haya habido una condena de las ONG que aseguran que se dedican a defender los derechos de las personas, o de los partidos políticos que también promueven la defensa de las libertades, y mucho menos de los intelectuales que reclaman airadamente en programas de televisión por mucho menos.
Julia Évelyn Martínez, una economista que laboraba en la UCA, fue obligada a presentar su renuncia porque en entrevistas y espacios de opinión reconoció la existencia de reuniones entre partidos políticos y diversas organizaciones para negociar la candidatura única para las elecciones presidenciales del próximo año.
Debido a la imposición de la fórmula de Luis Parada y Celia Medrano, los integrantes de esta alianza han salido a negar de diversas formas su participación en estas reuniones, a pesar de que la misma economista había sido testigo de algunas y estaba al tanto de los pormenores.
A las autoridades de la UCA no les gustó la idea de verse expuestas y de confirmar su papel en una alianza fracasada, a tal punto que ahora, según las mismas palabras de Julia Évelyn Martínez, niegan que hayan existido reuniones y que la universidad haya sido la sede para estas.
Al respecto, las palabras de Martínez han sido contundentes, reclamándoles que no tienen ni la valentía ni la transparencia ni la decencia que requiere una oposición.
La oposición hace campañas en el exterior diciendo que en El Salvador no hay libertad de expresión, cuando la práctica demuestra totalmente lo contrario. Todo mundo es libre de decir lo que quiera en el medio de comunicación que sea, los cuales siguen funcionando sin ninguna intervención del Estado.
Pero que una docente universitaria haya sido censurada de una forma tan burda y prepotente y se haya violado su derecho al trabajo no parece importarles a las ONG, fundaciones o a la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), que debería reclamar por tan flagrante violación a la libertad de expresión de una persona que es asidua comentarista en programas de opinión, espacios donde se ejerce este derecho.
En realidad, el silencio y la complicidad confirman su nivel de involucramiento. Además, evidencian que todos sus argumentos y diatribas están sesgadas para atacar al presidente Nayib Bukele como una estrategia de la oposición.
