Una estructura de 11 miembros de la pandilla 18 del municipio de Ayutuxtepeque, al poniente de San Salvador, enfrenta vista pública por el delito de extorsión agravada en el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador.
El hecho ocurrió en el año 2019 cuando comenzaron a extorsionar a una víctima con régimen de protección a quien la Fiscalía General de la República le asignó la clave «Rai».
El denunciante dijo que los pandilleros lo contactaron y bajo amenazas le exigieron entregar $200 semanales, pero a través de negociaciones acordó que les iba a pagar $300 quincenales.
«Rai», al verse sometido a la estructura de extorsionistas decidió que no iba continuar pagando la extorsión y acudió antes las autoridades a interponer la denuncia para que se comenzara a investigar.
La Fiscalía coordinó con agentes de la División Antiextorsiones de la Policía Nacional Civil (PNC) realizar diligencias de investigación para determinar quienes estaban tras el hecho denunciado.
Los policías comenzaron a trabajar con «Rai» y decidieron que para identificar a los extorsionistas y pedir que la Fiscalía les girara orden de captura había que utilizar la técnica especial de entregas controladas.
«Cuando la víctima interpone la denuncia y en la División Antiextorsiones da como como resultado 10 entregas bajo cobertura policial en el año 2019 hasta marzo del año 2020 donde se logró individualizar a los 11 imputados quienes se presentaban a la hora de la entrega, previa negociación, con una investigadora [encubierta] a recibir el dinero de la extorsión», explicó la fiscal del caso.
En las entregas controladas que fueron documentadas por los investigadores se observa cuando los pandilleros recibieron el dinero en una gasolinera y en un supermercado de Ayutuxtepeque.
«Es una extorsión agravada porque estamos hablando de un grupito ya estructurado y también para la víctima existieron amenazas para que pudiera hacer el pago del dinero», agregó la representante del ministerio público.
La Fiscalía ha presentado prueba consistente en el testimonio de la víctima quien ha contado que recibía llamadas de los mareros para exigirle la cuota quincenal y que al principio intentaron que fuera semanal.
Además, están los testimonios de los agentes investigadores y captores que participaron en las pesquisas del caso, además de fotografía y actas de las diligencias de las 10 entregas controladas.