En lugar de buscar la justicia, algunos jueces inclinan la balanza en favor de los criminales motivados por oscuros intereses, ya sean personales, políticos o sencillamente monetarios.
No importa que la evidencia esté a la vista y sea contundente, como el caso de las negociaciones con las pandillas que Norman Quijano llevó a cabo para garantizar el apoyo de los grupos delincuenciales a su candidatura presidencial de ARENA.
En este caso, había videos, no solo del candidato, y múltiples testimonios sobre las pláticas, los acuerdos y los compromisos de ARENA con las pandillas, hasta del reparto de ministerios. Pero una cuestionada resolución apela a que Quijano tiene fuero por haber sido electo diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen). Es decir, no había asumido (de hecho, falta más de un mes para ello) y el delito por el que está acusado no tenía nada que ver con el ejercicio del cargo, sino que con la vida de millares de salvadoreños asesinados por los pandilleros o despojados de sus bienes a través de las extorsiones.
Otro juez, en la misma línea de favorecer a los imputados de ARENA, insiste en que otro aliado de las pandillas, Ernesto Muyshondt, salga de prisión, a pesar de la evidencia de la huida de Quijano que escapó a Honduras horas antes de que el exfiscal Raúl Melara avisara que iba a iniciar la investigación, incapaz de ocultar la evidencia en contra de su correligionario.
El exalcalde de Coatepeque, también arenero, malversó casi medio millón de dólares, pero el juez lo exoneró y lo dejó libre en contra de la evidencia, las auditorías y de la falta de las obras y del dinero público.
La semana pasada, un juez emitió un fallo para beneficiarse a sí mismo y a otros colegas apenas dos días antes de cesar en su cargo. En la decisión le acompañó un magistrado que fue destituido de la Sala de lo Constitucional precisamente por decisiones cuestionadas y parcializadas, como esa.
Muchos jueces se oponen a la renovación judicial porque, además de su jugoso salario, en el Órgano Judicial tienen exorbitantes pensiones de hasta $3,000 y «extras» que pueden conseguir con sus fallos de sastre.
Las resoluciones por encargo son un lastre en una sociedad democrática, que ha dado importantes pasos como la renovación del Ejecutivo y del Legislativo. Es imprescindible la independencia judicial de poderes fácticos para que haya justicia.