Han pasado tres años desde ese 29 de marzo en que El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en establecer una ley contra la minería metálica, plasmando así en 11 artículos la prohibición tajante de toda forma de minería metálica. El día en que fue aprobada, el pueblo salvadoreño aplaudió y celebró con sentimientos encontrados, tras una larga lucha de más de una década que requirió de un intenso debate y activismo civil. A pesar de la alegría, la lucha contra la minería trajo consigo pérdidas y sacrificios de defensores ambientales y de derechos humanos, quienes por ser líderes comunales representaron una piedra de tropiezo para los intereses extractivistas, fenómeno que es más común en una región en donde es altamente peligroso ser un defensor ambiental debido a la alta delincuencia y la poca o nula protección para estos.
La principal razón por la que se prohibió la minería metálica es el alto impacto que esta genera en los ecosistemas y recursos hídricos, y es que para operar necesita de alto consumo de recursos hídricos, y dependiendo de su variante, provoca alteraciones en los ecosistemas, deforestando los bosques aledaños, cambiando el paisaje, alterando significativamente el uso del suelo y aportando químicos altamente contaminantes en los cuerpos hídricos, como el cianuro y el arsénico. Elementos que representan un impacto de grandes dimensiones para un país de pequeño tamaño territorial y con alta dependencia de una de sus cuencas principales, como el Lempa.
Recordemos que nuestro río Lempa nace en la zona sudeste de Guatemala y entra al país por el municipio de Citalá, y debido al particular sistema montañoso que presenta nuestra región, entra por el norte, recibiendo los afluentes de diversos cuerpos hídricos, en donde el lago de Güija es un representante a tener en consideración, y posteriormente, el Lempa recorre saliendo nuevamente hacia Honduras y por último emprende su recorrido por la zona occidental para llegar a la desembocadura en el océano Pacífico.
Es así como nace la importancia de exponer la relevancia de los efectos que puede ocasionar la reactivación del proyecto minero Cerro Blanco, que tiene un efecto directo en el alto Lempa, aumentando aún más la alta intervención y presión que se ejerce en el cuerpo hídrico, que ya sufre de una alta contaminación por heces fecales, por componentes químicos agrotóxicos, contaminación por desechos sólidos y líquidos, y una ineficiente gestión en el uso agrícola, además de sufrir su reducción de caudal por la alta deforestación, el alto cambio en el uso del suelo y los efectos del estrés hídrico en el corredor seco, combinado con los efectos del cambio climático.
Cualquier impacto económico positivo que genere el proyecto minero Cerro Blanco se quedará en Guatemala, pero cualquier impacto ambiental negativo que genere afectará más a nuestro país, por lo que prevenir un impacto de forma precautoria debe ser prioridad, y es que nuestro país tiene todas las de perder frente a este caos ambiental. Debemos volver a discutir una propuesta de conservación en la cuenca alta del Lempa. Recordemos que el agua es un recurso vital, útil a la economía y fundamental para la naturaleza. Unámonos y luchemos por ella.