El Juzgado Segundo de lo Contencioso Administrativo realiza la audiencia de verificación de cumplimiento de sentencia por parte del alcalde de Santa Tecla Roberto d’Aubuisson y su concejo para con 71 empleados despedidos en 2018 cuando la comuna lanzó el sistema de recolección de desechos sólidos Teclaseo.
Este día las autoridades municipales deben rendir al juez un informe sobre todo lo dispuesto con los empleados.
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En junio de este año, la Cámara de lo Contencioso ordenó de «forma inmediata» el reinstalo o reubicación definitiva de todos los empleados que se ampararon al proceso. En esa resolución la Cámara también dictó que la comuna debe cancelar tres meses de salarios no percibidos por el cese injustificado.
«El concejo municipal debe de hacer las gestiones para reubicarlos en puestos similares o en otros de mayor jerarquía», se lee en la sentencia.
La Cámara aclaró al Concejo Municipal que frente a la sentencia no existe ningún recurso para revocar «en consecuencia la ejecución de esta sentencia es de estricto e inmediato cumplimiento, so pena de las sanciones administrativas, penales y la responsabilidad patrimonial, que respectivamente pueda acarrear el incumplimiento».
Sin embargo, a cinco meses de la resolución, los afectados denuncian el incumpliendo de la sentencia del juez para con d’Aubuisson y su concejo y aseguran que ha caído en desacato. Por eso está mañana cerraron un tramo de la carretera panamericana para protestar contra las acciones del edil.
Alexis Hernández, presidente del Sindicato de Trabajadores Municipales de la alcaldía de Santa Tecla (Sitramsat), explicó que la protesta la realizan en el marco de la audiencia en la que el alcalde informará al juez el por qué ha incumplido con la sentencia.
«El concejo municipal y el alcalde están en desacato desde septiembre de 2018 porque a través del aviso de demanda hubo medidas cautelares donde le ordenaban que reinstalará a todos los trabajadores mientras el proceso continuaba», manifestó Hernández.
Hernández espera que los reinstalen de manera inmediata, y además pide al fiscal general que actúe «porque ya son más de dos años que este concejo está en desacato».
