Como quinto acto de justicia financiera ha sido denominada la propuesta que la comisión financiera de la Asamblea Legislativa impulsará, enfocada en apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
La presidenta de la comisión financiera, Dania González, explicó en la Entrevista A:M que se analizará emitir una ley especial para regular el cobro máximo por uso de un lector de tarjeta de crédito o débito en los establecimientos comerciales.
Los bancos les cobran una comisión a todos los establecimientos comerciales por cada transacción que realizan en un lector del dinero plástico cuando el cliente solicita pagar con este.
González mencionó que hay bancos que cobran hasta un 9 % de comisión por cada transacción, lo que afecta a los establecimientos al tener que considerar en sus balances ese pago, y aún más a los pequeños que prefieren no aceptar este método de cancelación por producto o servicio, pues resulta en detrimento de sus finanzas.
«Las mipymes no pueden recibir pagos electrónicos porque la comisión que les cobran es muy alta, y eso limita que puedan efectuar ventas», agregó la diputada.
La propuesta de la comisión plantearía que el cobro máximo por transacción en POS sea de un 2.5 %, siendo una cantidad significativamente menor al máximo actual.
Una de las prioridades para dicha mesa legislativa de trabajo ha sido abrir espacios y ayudar a sectores que tradicionalmente estuvieron excluidos del sistema financiero formal.
La diputada González consideró que facilitar que las pequeñas empresas reciban pagos electrónicos aumentará su operatividad y se dinamizará la economía.
«Las mipymes son las que más retos enfrentan, y eso muchas veces les dificulta su funcionamiento. Por eso queremos mejorar sus condiciones», indicó la legisladora cian.
Detalló que para elaborar dicha ley se dará espacio a los diferentes bancos para que brinden sus valoraciones y opiniones, con el fin de proponer un marco normativo robusto.
También recordó que desde la comisión financiera se ha logrado impulsar reformas importantes a cuerpos legales, como la Ley contra la Usura y la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito, que constituyen los anteriores actos de justicia.
Estas reformas entrarán en vigor a partir del 20 y 25 de julio, respectivamente, y desde la Asamblea Legislativa mantendrán vigilancia de su aplicación.