La Asamblea Legislativa aprobó una iniciativa del presidente Nayib Bukele, a través del Ministerio de Hacienda, para exonerar el pago del impuesto sobre la renta a las inversiones de salvadoreños residentes en el extranjero.
De ese modo, el capital que la diáspora decida invertir de forma personal y el capital que tenga como destino una empresa —siempre y cuando el dinero provenga del extranjero— quedarán libres del pago de impuestos.
Los objetivos del Gobierno son aumentar los ingresos del país e inyectar capital a la fuerza productiva nacional. De este modo se dinamiza la economía, mejorando la calidad de vida de los salvadoreños, ya que estas inversiones generan más fuentes de trabajo.
Poco antes de la aprobación de esta iniciativa, el presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Ernesto Castro, explicó que estos impuestos se aprobaron desde la época de la primera administración de ARENA, cuando se privatizó la banca y se exoneró el pago de renta para sacar los recursos del país, pero se gravaron las inversiones extranjeras para frenar la competencia.
Además, implicó evitar que las remesas enviadas por los salvadoreños en Estados Unidos y otros países fueran utilizadas para la producción, dedicándose únicamente al consumo, donde creció un amplio sector ligado a los gobernantes de entonces, que se beneficiaron al recibir esos fondos de manera directa. A la postre eso significó un duro golpe para la capacidad productiva nacional, pues se priorizó la importación por sobre la generación de bienes en el país.
De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), en lo que va del año, El Salvador recibió $594 millones en concepto de remesas. De esa cantidad, el 90 % se destinó para el consumo, el 6.6 % para educación y únicamente el 0.4 % para la inversión.
Aunque la reforma busca promover las inversiones, también tiene contemplado eliminar cualquier tipo de impuesto para las remesas, para mejorar los ingresos de las familias salvadoreñas.
El Gobierno del presidente Bukele ejecuta una serie de esfuerzos en el área económica para promover el desarrollo. Gracias a los éxitos en las políticas de seguridad pública —que han logrado reducir drásticamente los homicidios y las extorsiones al enviar a más de 76,000 pandilleros y colaboradores a la cárcel—, el país tiene una mejor perspectiva en rubros que antes eran difíciles de promocionar debido al accionar de las pandillas, como el turismo, el comercio y la producción nacional.