En Guatemala, la alianza conocida como pacto de corruptos se hizo sentir nuevamente. La
Corte Constitucional acaba de blindar a Consuelo Porras, la fiscal general impuesta por el anterior presidente, Alejandro Giammattei, y que protegió las irregularidades y los delitos
cometidos por funcionarios de diversos gobiernos.
El nuevo presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, presentó una petición al Congreso de Guatemala para pedir la destitución de Porras por sus actos de corrupción.
Los mismos políticos habían prohibido que el presidente o incluso el mismo Órgano Legislativo pueda destituir el fiscal general, precisamente para convertirlo en un seguro para mantener impunes sus actos criminales.
Como un acto sin precedentes en la historia guatemalteca, el presidente Arévalo entregó la petición de reformar la ley para destituir a la fiscal a un Congreso que lo había boicoteado para tomar posesión. No obstante, antes de que los diputados pudieran tomar alguna decisión, la Corte decidió darle un amparo
provisional a Porras para evitar que fuera removida.
Arévalo ha entendido que no puede combatir la corrupción y la inseguridad que hay en Guatemala si antes no depura el Órgano Judicial y el Ministerio Público.
El éxito del presidente Nayib Bukele en su guerra contra las pandillas se dio precisamente porque el pueblo salvadoreño le dio los suficientes diputados para eliminar la corrupción en la Sala de lo Constitucional y en
la Fiscalía General de la República.
Los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional y el nuevo fiscal general emprendieron un proceso de depuración que permitió que hubiese funcionarios comprometidos en la lucha contra las maras.
A esto se unió el apoyo incondicional de la Policía Nacional Civil y del Ejército para ejecutar el Plan Control Territorial. Una Asamblea Legislativa también comprometida con el pueblo emitió las leyes necesarias y aprobó el régimen de excepción que ha permitido desarticular a las pandillas a escala nacional.
La guerra contra la corrupción, además, ha logrado enviar a prisión o inmovilizar los bienes de muchos de los funcionarios más corruptos de la historia salvadoreña.
Este ha sido el único camino para lograr que El Salvador conquistara la paz y la tranquilidad y parece que ha sido entendido por otros gobernantes que buscan tener las mismas condiciones para implementar planes similares.
De lo contrario, siempre habrá resistencia y los corruptos —como lo estamos viendo en Guatemala— se defenderán de todas las formas posibles.