Era llamada y conocida en el argot político salvadoreño como plancha nacional, sin embargo, su nombre jurídico era «circunscripción nacional» y se refería a la elección de 20 diputados a la Asamblea Legislativa para representar a El Salvador, como país, no a departamentos. Quienes eran inscritos en esa planilla para competir tenían mayores probabilidades de ganar una diputación y sentarse en una curul en el Salón Azul.
Estos escaños se otorgaban a partir de la totalidad de los votos obtenidos por los partidos políticos a escala nacional, y prácticamente representaban una oportunidad casi segura de ser elegidos.
Teniendo en cuenta estas ventajas, las planillas de candidatos por la plancha nacional estaban integradas, en su mayoría, por secretarios generales, presidentes o líderes principales de los partidos políticos que iban a la contienda y que tenían pocas probabilidades de ganar una diputación siendo candidatos por una de las 14 circunscripciones departamentales.
El presidente de la república, Nayib Bukele, recordó anoche, durante su discurso por el cuarto año de gestión, que esa distribución de 20 nuevos escaños fue el resultado de un pacto entre los partidos tradicionales.
«Vamos a reducir la Asamblea a 60 diputados, como era antes de que se firmaran los falsos acuerdos de paz. ARENA y el FMLN en esa farsa que firmaron, en su momento, añadieron diputados a la Asamblea para asegurar las curules de sus amigos, sin perder las otras curules», dijo el mandatario.
Con los 20 diputados propietarios e igual número de suplentes que aportaba la plancha completaban los 84 congresistas elegidos, cantidad de diputados que El Salvador pasó a tener luego de que se avalaron las reformas del Código Electoral que dieron vida a la circunscripción nacional.
La asignación de las 84 curules por el sistema de votación, con 20 diputaciones por la plancha nacional y 64 diputaciones por departamentos, tomó vida a partir de la legislatura 1994-1997 y continuó desde 1997 hasta 2006.
En 1994, los principales partidos políticos en el Legislativo eran ARENA, el FMLN (que llegaba por primera vez), PCN y PDC, que hacían mayoría con sus votos para tomar las decisiones de país.
Pero la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró en abril de 2003 inconstitucional la existencia de la circunscripción nacional. La anulación provocó una maniobra en el interior de la Asamblea Legislativa: los 20 escaños fueron distribuidos en las circunscripciones departamentales a partir del número de habitantes.
De hecho, el presidente Bukele dijo anoche: «Ese incremento de los diputa – dos fue declarado inconstitucional por la Sala de lo Constitucional anterior, que era la de ellos. Pero no les importó y mantuvieron a los 84 diputados».
Desde el período legislativo 2006- 2009, la totalidad de las curules se distribuye bajo el mismo criterio: la cantidad de población en cada departamento, con lo que desaparecen las ventajas que los candidatos tenían cuando competían bajo la plancha nacional.
Con el anuncio de ayer sobre la reducción de la cantidad de escaños, el presidente Bukele enfatizó que se tendrán mejores funcionarios y la población podrá elegir a los más idóneos. «Ambas propuestas, y espero que así sea, deberán estar aprobadas y en marcha para las elecciones generales de 2024», añadió el presidente Bukele.
A finales del año pasado, el mandatario salvadoreño había puesto en el debate público la reducción del número de municipios. Esta noticia reavivó la discusión sobre la reducción de la cantidad de diputaciones legislativas que junto con la disminución de municipios tienen amplia aceptación en diversos sectores del país.
El Código Municipal faculta a la Asamblea Legislativa para crear, fusionar e incorporar municipios en la organización territorial de El Salvador según las necesidades de recursos y la distribución territorial y poblacional que se tenga.
Asimismo, la citada normativa, en el artículo 23, establece: «En los casos de creación de un municipio por sepa – ración de una parte de otro existente o de extinción de un municipio por incorporación a otro u otros, la Asamblea Legislativa determinará todo lo referente a los bienes, los derechos y las obligaciones de los municipios afectados».
