De sobra es sabido que los diputados y diputadas de las anteriores legislaturas asignaron fondos de manera ilegal a organizaciones, fundaciones y asociaciones sin fines de lucro, pero ¿que leyes en concreto se violentaban?
El asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, explica que en primera instancia se violentaba la Constitución, al incumplir un desequilibrio en el Presupuesto General de la Nación, llevando a un endeudamiento mayor y comprometiendo las finanzas públicas.
Sin embargo, las anteriores Asambleas Legislativas violentaron otras leyes y sentencias, como acota Argueta; se violentó el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIOL), Ley de Ética Gubernamental, Ley de Asociaciones, el Código Penal, y una sentencia de la Sala de lo Constitucional en 2017.
La sentencia 1-2017, entre otras cosas, prohibia a la Asamblea Legislativa asignar fondos a oenegés que no tuvieran un fin específico, y que además, desfinanciara el Presupuesto General de la Nación.
«Estos delitos serían individualizados, desde las diputadas que tenían la potestad para asignar estos fondos, hasta la junta directiva de cada organización que recibieron el dinero a sabiendas que los mismos fueron entregados de manera irregular», explicó el abogado.
Argueta argumenta que mientras se erogaban estos fondos a las organizaciones, el Ejecutivo tenía que adquirir más deuda para honrar compromisos financieros como el pago de pensiones y de préstamos.
Puntualiza expresando que la Asamblea Legislativa, aún sabiendo de las múltiples violaciones jurídicas que cometía, continuó asignando y erogando recursos a oenegés.