El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a penas de ocho y hasta 135 años de prisión a seis miembros de una banda de saqueadores de iglesias y escuelas que en el 2021 hurtaron computadoras y otros bienes por un monto de $200,000 a escala nacional.
La condena mayor fue para Manuel Miranda Rivas, quien recibió 135 años de cárcel; a Santos Ulises Reyes Valladares, el juez le impuso 99, a Eduardo Hernández, 93; José Edis Rivas, 39; Denis Erasmo Villalta Ruano, 23 y Johny de Jesús Velásquez, fue condenado a ocho años por receptación. Todos comenzaron a ser capturados desde 2021.
Cuatro de los miembros de la banda fueron detenidos de forma infraganti por agentes de la Policía Nacional Civil al momento que salían de hurtar computadoras del Centro Escolar Francisco Morazán, de Nejapa, San Salvador.
Esos agentes policiales que hicieron el procedimiento de detención y los investigadores que tuvieron a cargo una serie de pesquisas llegaron a declarar a la vista pública que duró tres semanas.
El juez de la causa también escuchó el testimonio de los directores de los centros educativos quienes llegaron a rendir su declaración y a contar la forma en que hallaron saqueadas las escuelas, así como el perjuicio que causó a la comunidad educativa el hurto de los equipos informáticos.
La Fiscalía General de la República acusó a los seis miembros de la estructura de haber sustraído bienes de 18 centros escolares y tres en iglesias evangélicas de donde sustrajeron equipos de sonido.
La banda ejecutó los hurtos en sedes escolares de cantones y caseríos de los departamentos de San Miguel, La Unión, Chalatenango, La Libertad, San Salvador y Cuscatlán.
En la banda cada uno de los miembros tenían roles y funciones que cumplir, algunos se encargaron de ubicar las escuelas y las iglesias para que luego otros fueran a consumar los hurtos, también había receptadores quienes ya tenían claro que iban a comprar los bienes hurtados.
La estructura operaba en horas de la noche y de la madrugada y su objetivo eran las escuelas e iglesias que estaban en zonas desoladas y de poco acceso a la gente ya que eso evitaba ser detectados, así se estableció en las indagaciones.
Todo lo hurtado iba a parar a los mercados Central, Sagrado Corazón y Belloso, de San Salvador, donde operaban los receptadores [compradores y vendedores de objetos de dudosa procedencia].
