Este es el contexto
Guillermo Lasso, un rico empresario de derecha, ganó la presidencia de Ecuador en 2021 con un muy escaso margen de ventaja sobre el centro y la izquierda. Por esa razón, la mayoría parlamentaria quedó en manos de sus adversarios, con quienes no logró un acuerdo que hiciera viable su Gobierno.
Por el contrario, desde el principio de su mandato tuvo que enfrentar graves acusaciones de corrupción y continuos esfuerzos para destituirlo por parte del Poder Legislativo.
En esas condiciones se comenzó a perfilar una crisis nacional, sobre todo en el plano de la seguridad pública, al punto que 2022 cerró con un dramático incremento de 82 % en la violencia criminal respecto a 2021, aparte del consecuente y constante deterioro de la economía.
Estos son los hechos
El pasado martes, finalmente, los diputados lograron conseguir los votos necesarios para iniciar un juicio político contra el presidente. Consciente de que carecía de la correlación de fuerza para evitar la inminente destitución, Lasso anunció ese mismo día su decisión de disolver el Poder Legislativo.
En esencia, la situación es enteramente semejante a la protagonizada poco antes por el expresidente peruano Pedro Castillo, que ya lleva varios meses encarcelado por su fallido intento golpista, pero en el caso ecuatoriano hay una diferencia: Lasso no violó la ley, por cuanto hay un artículo constitucional que le confiere esa potestad en caso de grave crisis política y conmoción nacional.
En Ecuador, la clase política y la ciudadanía llaman coloquialmente a ese artículo «muerte cruzada», porque si bien el presidente cierra el Congreso, él mismo tiene que convocar a nuevas elecciones que deben realizarse en un plazo no mayor a los 90 días. Es decir que su Gobierno solo durará tres meses más.
El problema, y lo que vuelve más patético el caso ecuatoriano, es que según la encuesta Perfiles de Opinión, publicada hace cuatro días, si bien la Asamblea Legislativa tiene menos de 6 % de aprobación, Lasso solo es respaldado por el 13.9 % de los ciudadanos.
Y el agravante es que la nueva situación no anula en ningún sentido las graves acusaciones de malversación de fondos, al parecer muy fundadas, que pesan sobre Lasso. Este caso es muy ilustrativo porque, con mayor o menor intensidad, el mismo panorama se dibuja en el futuro inmediato en varios países latinoamericanos, especialmente en Colombia.
