Hay una curiosidad creciente a escala latinoamericana y mundial por la exitosa gestión del presidente Nayib Bukele en varios ámbitos de su administración y en la enorme popularidad de la cual goza desde el inicio de su gobierno, mantenida con abrumadora mayoría. Algunos podrían pensar que se trata de una fórmula mágica, y los debates al respecto se suceden en lugares tan remotos como la República Dominicana, Chile, Ecuador, España y en nuestros vecinos de Centroamérica. En realidad, no hay tal fórmula mágica, sino acciones correctas, legales, precisas y valentía para implementarlas.
Seguridad Ciudadana y Poder Popular
El Plan Control Territorial y el régimen de excepción en términos de seguridad ciudadana, que es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica, han tenido un impacto de primer orden en todas las esferas de la vida nacional. Lograron resolver el problema que atormentó durante décadas a la ciudadanía y finalizaron los altísimos niveles de homicidios, desapariciones, secuestros, violaciones, robos, asaltos y extorsiones que las pandillas, en contubernio con los gobiernos de ARENA y del FMLN, habían impuesto al país en los últimos 30 años.
Sin discusión, todos los expertos consultados a escala nacional e internacional reconocen la eficacia de estas medidas y su efecto multiplicador. La ausencia de extorsiones y pago de renta fomenta el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa; la creación de nuevos puestos de trabajo dinamiza la economía nacional. Sin esa amenaza criminal omnipresente que fueron las pandillas se está creando en la ciudadanía una nueva salud mental, sobre todo en los niños, adolescentes y jóvenes que por fin pueden conocer su vecindario, jugar en las canchas comunales, pasear por los lugares turísticos del país y asistir sin temor a la escuela.
Encarcelar a más de 65,000 pandilleros, procesar a políticos corruptos, mantener una posición independiente a los dictados del imperio, fomentar el desarrollo económico del país es un desafío enorme, y se ha convertido en una seña de identidad del actual Gobierno. El respaldo a estas políticas es el apoyo de más del 90 % (y sumando) de la ciudadanía del que goza el presidente, que constituye un auténtico ejercicio efectivo del pueblo organizado de manera democrática y participativa.
Un instrumento constitucional ante una crisis nacional
El problema de las maras y la criminalidad había vuelto a El Salvador un Estado fallido, donde el poder territorial lo ejercían los jefes de clicas y la ranfla nacional de las pandillas. El pánico generalizado, de opresión económica y de violación a sus derechos humanos que sufrían los ciudadanos a manos de la tiranía de las pandillas solo podía ser decapitado con unas medidas radicales que destruyeran su infraestructura, su logística, su base de apoyo y la eliminación de su poder económico, que se alimentaba de extorsiones, renta, secuestros, sicariato y venta de votos al FMLN y a ARENA.
La guerra a las pandillas decretada por el Gobierno debe ser así entendida. Como en toda confrontación militar, y esta lo es porque las pandillas tenían un arsenal bélico que incluía fusiles automáticos, obuses y lanzagranadas, esta guerra es la aplicación de la excepcionalidad, como algo opuesto a todo lo que sea ordinario o normal. Debemos reconocer que esta crisis no se resuelve de la noche a la mañana, pues se trata de un fenómeno social de décadas de existencia y el combate a la criminalidad no ha concluido, pues aún restan 30,000 pandilleros que capturar. Eso justifica la prolongación del estado de excepción mientras no se eliminen las causas que lo originaron. El derecho a declararlo es reconocido en prácticamente todas las constituciones del mundo y constituye una garantía de la Constitución frente a las situaciones de crisis.
Los derechos humanos y las ONG defensoras de las pandillas
Mientras este panorama se desarrolla de manera impecable y eficaz por parte del Gobierno y del Gabinete de Seguridad, organizaciones no gubernamentales afines a la oposición política del país e instituciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Fundación George Soros y sus títeres nacionales, así como senadores estadounidenses que responden a los intereses de estos «lobbies», se pronuncian contra estas medidas tomadas por el actual Gobierno que gozan del total respaldo de la ciudadanía.
Una grulla de corifeos grita desaforadamente desde las cómodas habitaciones de cinco estrellas en los hoteles donde se desarrollan congresos y seminarios temáticos sobre la ausencia de libertad de expresión, de organización y de movimientos en el país, así como de las «flagrantes violaciones» de los derechos humanos de los pandilleros. Incluso mentes retorcidas como la del presidente Gustavo Petro, de Colombia, se han hecho eco de estas.
La legítima guerra a las pandillas ha servido de trampolín a muchos periodistas, de profesión «incómodos», y a muchos «oenegetistas» al servicio de las burocracias de fundaciones internacionales que se proclaman defensoras de la justicia para hacer carrera y usufructuar el beneficio de la financiación exterior.
El Gobierno de El Salvador ha invitado en reiteradas ocasiones a los representantes de dichas instituciones para que vengan a comprobar «in situ» la falacia de tales argumentos; hasta la fecha no hay ningún periodista salvadoreño o extranjero perseguido en todo el territorio nacional ni se han decretado órdenes de captura contra activistas de ONG opositoras.
Con respecto a la captura de inocentes que han sido confundidos con pandilleros, el Gobierno ha reaccionado tratando en la medida de lo posible, y en las posibilidades que implica la captura de más de 65,000 pandilleros, liberar a los ciudadanos libres de sospecha; a los menores capturados se les ha tratado de acuerdo con su estatus enviándolos a instituciones adecuadas según su edad. La liberación de más de 4,000 sospechosos de ser integrantes de pandillas es una muestra de estas políticas libradas en un estado de emergencia, que constituye el estado de excepción.
El golpe mortal asestado a las pandillas es la más radical defensa de los derechos humanos de la población que jamás se haya hecho en El Salvador.