La comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga la transferencia de recursos públicos a organizaciones no gubernamentales (ONG) con vínculos políticos-partidarios recomienda, en su informe final de trabajo, a la Fiscalía General de la República (FGR) indagar dicha acción y deducir posibles cometimientos de ilícitos.
«Se han verificado suficientes elementos probatorios para considerar la probable comisión de hechos punibles por parte de las ONG que recibieron fondos públicos aprobados por la Asamblea Legislativa, lo que deberá ser evaluado por la Fiscalía General de la República», destaca el informe.
La comisión especial, tras conocer su informe final, dio también por finiquitado ayer su trabajo, iniciado al interior del congreso a mediados de 2021 tras su juramentación en el Salón Azul.
En el reporte se establece, además que, «existen indicios suficientes de que líderes políticos del FMLN y de ARENA crearon mecanismos ilegales para facilitar fondos públicos a ONG» con motivación política y partidaria.
El escrito consigna que la FGR deberá de realizar «la correspondiente revisión jurídica, así como el ejercicio de la acción penal», para quienes resulten responsables de estas acciones.
El mismo será llevado a conocimiento del pleno legislativo, y su emisión ocurre luego de que la comisión especial recibió un reporte de un equipo de abogados que concluye que existe la posibilidad de comisión de delitos, pues se encontró omisión de contabilidad formal, omisión de presentación anual de balances y estado de resultados ante el Registro de Organizaciones y Fundaciones no Gubernamentales del Ministerio de Gobernación y no inscripción de juntas directivas vigentes por períodos prolongados, así como la no actualización de sus representantes legales.
Además, el informe detalla ausencia de registro de miembros activos, participación de diputados y empleados activos de la Asamblea Legislativa, funcionarios y familiares de estos en las ONG mientras se les otorgaban fondos estatales, así como una ausencia de peticiones formales por parte de las ONG para la asignación de recursos públicos.
