Lo que pareciera una carrera para encontrar irregularidades en el manejo de los fondos Fodes y que ello pueda permitir iniciarle un proceso de antejuicio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, así se muestran varios equipos de la Corte de Cuentas a cargo examinar esos fondos a esa cartera de Estado.
Según fuentes de la Corte de Cuentas la dirección jurídica de esta institución estaría presionando a los auditores para «buscarle lado al asunto» y afectar a Zelaya.
Un alto funcionario de la Corte de Cuentas estaría analizando renunciar, «porque le tocaría firmar los informes», dice la fuente de este periódico. La otra opción para firmar esos informes sería unos de los funcionarios que esta bajo indagación por haber limpiado hallazgos en informes del millonario escándalo por El Chaparral.
Esta semana el ministro Alejandro Zelaya expresó que no solo se trata de una auditoría, sino que les han realizado varios exámenes, los cuales los auditores «estarían obligados a terminar antes del 05 de febrero».
«Esta semana se reunieron un grupo de auditores, fiscales y personal de COMURES, y en los próximos días «se podría realizar una incautación de computadoras en Hacienda para montar y justificar el antejuicio», ha detallado la fuente.
En medio de esta carrera por auditar los fondos Fodes, se filtró un borrador de la auditoría realizada por la Corte de Cuentas (con fecha 14 de enero de 2021), en la cual los auditores habrían encontrado hallazgos en los informes presentados por Hacienda referente a la entrega de los fondos Fodes a los gobiernos municipales entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre de 2020.
Según el informe, mediante las transferencias por financiamiento externo aprobado de acuerdo al decreto legislativo 608, el ministerio de Hacienda entregó de forma directa a los gobiernos municipales un total de $116 millones 700,000 provenientes del 30% sobre $389 millones de empréstitos con el Fondo Monetario Internacional, pero que no realizó la transferencia de $75 millones a las alcaldías de un préstamo suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $250 millones para el programa de Fortalecimiento de la Política Pública y Gestión Fiscal para la Atención de la Crisis Sanitaria y Económica causada por el COVID-19 en El Salvador.
Respecto al tema del FODES, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya señaló, el pasado jueves, que el resto de los fondos no ha sido entregado a las alcaldías porque los diputados de la Asamblea Legislativa dejaron que venciera el tiempo establecido para aprobar el préstamo de $250 millones con el BID.
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«El préstamo de $250 millones del BID venció el 17 de enero de este año, es decir esa operación financiera ya no existe, ¿por qué? Porque eran prestamos de emergencia, pero como la Asamblea y nuestros genios de los diputados se encargaron de bloquear durante toda la emergencia por COVID-19 los préstamos, pues el país perdió esos créditos y evidentemente la operación no se puede restituir en el directorio del BID como en otras operaciones porque eran para emergencia», aclaró el ministro.
Zelaya cuestionó que la presión por parte de los diputados y alcaldes para recibir el Fodes, podría deberse a las intenciones partidarias para utilizar parte de los fondos para campañas políticas.
SIN APOYAR LA LUCHA CONTRA LA PANDEMIA
«Si es para combatir COVID no veo las actividades que estén realizando los alcaldes en este momento, porque yo no he visto un cerco sanitario, yo no he visto los alcaldes distribuyendo alimentos o algo, el Gobierno lo está haciendo con el presupuesto ordinario, entonces ¿por qué los alcaldes necesitan estos millones, justamente cuando falta un mes y pocos días más para la elección?, parece demasiado sospechoso, ¿no?», indicó el funcionario.
Respecto al préstamo con el BID el informe de la Corte de Cuentas afirma que dicho monto fue depositado a Hacienda en agosto de 2020, y que el ministerio no presentó un reporte acerca del depósito del dinero en el Banco Central de Reserva.
«Quedan pendiente la transferencia de $75 millones como producto del Contrato de Préstamo 5046 «Programa de Fortalecimiento de la Política Pública y Gestión Fiscal para la Atención de la Crisis Sanitaria y Económica causada por el COVID-19 en El Salvador», suscrito entre la República de El Salvador y el Banco Interamericano de Desarrollo, ratificado en Decreto Legislativo N° 703 de fecha 2 de agosto de 2020, publicado en el Diario Oficial N° 156, Tomo N° 428 de la misma fecha, por $250 millones de dólares, el cual fue asignado por la Asamblea Legislativa en el Decreto Legislativo 728, los fondos de este préstamo fueron depositados a la cuenta 600-338 desde el mes de agosto 2020, sin evidenciarnos en los estados de cuenta el depósito realizado en el Banco Central de Reserva, razón por la cual, se pidió opinión jurídica a Dirección Jurídica de la Corte de Cuentas, la cual estableció posibles ilícitos penales», estable el documento de la Corte.
Agrega que el ministerio de Hacienda no ha realizado auditorías internas (solicitadas a la Corte de Cuentas) ni externas (contratando a firmas privadas de auditoria) relacionadas con las transferencias del financiamiento externo en concepto de fondos FODES.
Respecto a las auditorias el ministro Zelaya aseguró que siempre han estado abiertos a brindar toda la información requerida y cuestionó a la Corte de Cuentas por no realizar auditorías en las alcaldías.
«No hay auditoría porque no hemos tenido resultados de la Corte de Cuentas y han visto como los últimos días la Corte ha hecho examen tras examen al ministerio de Hacienda y nosotros no nos hemos negado a pesar que violentan nuestros derechos como auditados, no nos hemos negado a brindarles información, pero de los alcaldes no han informado nada, tampoco hay un plan de inversiones. Entonces si no hay un plan de inversiones, ni actividades visibles, ni auditorias y controles, ¿cómo es posible que los salvadoreños vayan a estar a favor de entregarles fondos a los alcaldes del país?», sentenció el ministro.