Hace poco más de tres años, diputados de lo que era conocido formalmente como la oposición lanzaron un proyecto de decreto para evitar el pago de $280 millones en impuestos al suspender 368 auditorías en el Ministerio de Hacienda, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2014 y 2015. El promotor de esa iniciativa fue el exdiputado Rodolfo Párker, del PDC, y contó con los votos de los diputados de ARENA.
No hubo consulta al entonces ministro de Hacienda, Carlos Cáceres. El presidente de la república, el ahora prófugo Salvador Sánchez Cerén, no solo no le informó a su ministro sobre esta importante merma de recursos públicos, sino que sancionó el decreto de manera exprés y lo convirtió en ley.
De un plumazo, el Estado salvadoreño dejó de percibir millones de dólares en beneficio de un selecto grupo de empresarios allegados al poder. Para Alejandro Zelaya, actual ministro de Hacienda, ese comportamiento tiene una explicación que tiene que ver con el enquistamiento de estructuras criminales en el Estado. «Asamblea, Sala de lo Constitucional y Gobierno estaban unidos para desfalcar al Estado salvadoreño con $280 millones», sentenció Zelaya este lunes antes los medios de comunicación para explicar la declaración de inconstitucionalidad del decreto promovido por Párker.
Esta situación realmente ilustra la forma en que grupos de poder hacían cualquier cosa para garantizar sus beneficios, incluyendo la evasión de impuestos, es decir, el robo de recursos para educación, salud y progreso.
Con la llegada del Gobierno del presidente Nayib Bukele se implementó el Plan Antievasión, el cual ha permitido recuperar $420 millones, mientras que el Plan Anticontrabando, recientemente puesto en marcha, ha logrado $20 millones de impuestos cobrados.
La declaración de inconstitucionalidad permitirá la reactivación de las 368 auditorías por medio de la Dirección General de Impuestos Internos y de la Dirección General de Aduanas, con las que se recuperarán los fondos que de manera irregular fueron «perdonados» por los diputados y el Ejecutivo de ese momento, con la aprobación tácita de la Sala de lo Constitucional.
Únicamente con funcionarios que trabajan en función de los intereses de las mayorías es que se puede avanzar. Cuando esos grupos de poder tenían a sus empleados en instituciones como la Asamblea, la Sala de lo Constitucional y el Ejecutivo podían obtener ventajas y negocios favorables, en detrimento del interés público.