El poder terrenal es efímero y el que más se extiende en el tiempo es el de aquellos que nacieron en cuna de oro, obtenida de alguna u otra manera, pero que les permitió navegar en montañas de dólares y manejar esquemas a su antojo, comprando baratijas humanas del momento, haciéndoles creer que valían oro, para luego desecharlas.
Son esos mismos pudientes que, a lo largo de la historia de las naciones y de forma astuta, instauraron conceptos de democracia en los que sometieron la voluntad de los pueblos, amén de los organismos que dicen defender los derechos de las personas.
En nuestro país, la «democracia» que el poder económico impuso desde la firma de los mal llamados acuerdos de paz evidenció un sistema acorde con sus intereses utilizando a sus marionetas políticas —léase partidos y fundaciones— para mantener esa línea egoísta y proteger el sistema benevolente con sus empresas, mientras la sociedad cayó en conformismo.
Bien dijo el historiador inglés Arnold J. Toynbee al referirse a este tipo de sistemas: «El mayor castigo para quienes no se interesan por la política es que serán gobernados por personas que sí se interesan».
Fueron sus manos las que movieron los hilos del sistema presidencial, legislativo, judicial y electoral a su antojo, colocando un antifaz a un espectáculo bochornoso, pero neurálgicamente vendido a la comunidad internacional como una democracia pura. Realmente, un sistema perverso en el que se confabularon intereses ambiciosos según el grupo de poder económico que lograba imponerse y/o imponer sus candidatos.
Y es que hay que entender que los intereses económicos nunca unieron a las familias de los casi extintos torogoces, y quienes lamentan hoy no haber preparado a sus generaciones siguientes, lo que dio oportunidad de cambio real en favor del pueblo.
Es por eso que, desde 1992 hasta mayo de 2019, fuimos testigos de cómo nuestro país vivió décadas de lucha de familias pudientes. Claro ejemplo de ello es la denuncia de irregularidades que un empresario candidato arenero hizo al proceso de elecciones internas de ARENA en 2018, en el que fue vilmente desechado. «Quiero que… brinde su postura sobre los alcaldes que movilizaron gente para que votara por él en carros nacionales», pidió en una conferencia de prensa a su adversario tricolor.
Y es que esa fue una de las ecuaciones de los poderosos para desechar a quien ya no les servía, a quien temían por no representar sus intereses personales, o a quien se negaba a ser su gerente presidencial.
Al final, fue un sistema que desplazó siempre el poder popular hacia las manos de unos pocos, por supuesto guardando las apariencias, convocando y realizando elecciones para mantener un Estado que, mientras más débil y fallido se encontrara, mejor. Siempre se aseguraron de ostentar el control y eso siempre incluyó apoderarse del Tribunal Supremo Electoral.
Para eso ocuparon a sus cascarones electorales (partidos políticos), para imponer árbitros en el TSE y dar continuidad al esquema nefasto y corrupto. Esa es la razón de por qué a algunos partidos políticos les inyectaron el suero de la vida cuando ya eran peces fuera del agua y financiaron a otros que consiguieron en el mercado colocándoles todo tipo de empaques, símbolos y colores. El fin siempre fue mantener el dominio electoral, y los salvadoreños vivimos décadas de conformismo sin esperanza de cambio.
ARENA y el FMLN siempre fueron partidos políticos enemigos de la verdadera democracia y simples vehículos al servicio de las élites, pues sus afanes han estado y están directamente ligados al ejercicio del poder y a la consolidación de sus estrategias oligárquicas. Sin duda, el TSE fue su mejor vehículo para darle continuidad a la agenda de los poderosos, con magistrados vasallos a sus intereses.
Se entiende el por qué ahora arremeten sin piedad en contra de ese Tribunal Electoral, buscando deslegitimar sus decisiones y acciones legales, porque quieren ejercer el control que tuvieron sobre él por 30 años y recuperar el poder que el pueblo les quitó.
Estamos en la recta final del proceso electoral y los salvadoreños debemos confiar en la labor de los magistrados, quienes están obligados a establecer las reglas claras de los eventos electorales próximos y no caer en el esquema de las baratijas.