El Gobierno del efemelenista Salvador Sánchez Cerén se caracterizó, entre otras cosas, por ser uno de los que más hechos de violencia tuvieron, dejando saldos fatídicos de asesinatos.
Para 2016, Sánchez Cerén dijo que su Gobierno iba a «estudiar» la posibilidad de implementar un régimen de excepción en el país, en aras de poner un freno a la violencia que iba en escalada durante ese año.
Sin embargo, esto no pasó del «estudio» y finalmente el índice delictivo no disminuyó. En 2015, como año previo a la propuesta del Gobierno de Salvador Sánchez Cerén, El Salvador cerró con 103 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Precisamente ese año ha sido el más violento desde 2011 hasta 2019 en el registro de la Policía Nacional Civil.
La estrategia de los dos gobiernos de izquierda básicamente no contó con un estado de excepción y más bien se acercó a una mediación con los pandilleros, ya que sostuvieron una tregua para frenar la violencia.
Ante la decisión de la actual legislatura de aprobar un régimen de excepción, el FMLN mantiene su postura de no apoyo, y las diputadas Dina Argueta y Anabel Belloso así lo han expresado.
Ambas legisladoras han dicho que «el régimen de excepción se presta a violaciones de derechos consagrados en la Constitución y a abusos por parte de las autoridades, y fue un proceso inconsulto y aprobado en un madrugón; por ello hubo abstención».
