La Asamblea Legislativa está a dos plenarias ordinarias de concluir el trabajo de este año —luego de tomar posesión el 1.° de mayo pasado—, y ha desentrampado temas que estaban bloqueados por las decisiones político-electorales de los partidos ARENA y FMLN.
Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, no dudó en señalar que las decisiones de la Asamblea han creado «gobernabilidad» y están en «sintonía» con el trabajo del Gobierno del presidente Nayib Bukele.
Uno de los temas que se bloqueó por casi año y medio fue el financiamiento de la segunda y tercera fases del Plan Control Territorial, que implementa el Ejecutivo para contener a las pandillas y el crimen organizado.
Los partidos ARENA y FMLN —que alcanzaban mayoría en la legislatura 2018-2021— se negaron a aprobar los préstamos con el pretexto de que el Gobierno no explicaba cómo utilizaría los fondos. Sin embargo, la nueva legislatura recibió a los titulares de las carteras de Seguridad y de la Defensa para que informaran cómo invertirían los $91 millones para la segunda fase del plan —denominada Oportunidades— y $109 millones para la tercera fase, conocida como Modernización.
Además, el 23 de noviembre pasado, la nueva Asamblea incorporó $19,295,485 al presupuesto general del Estado 2021, recursos de un excedente de la recaudación fiscal; y $6.5 millones fueron destinados a financiar una parte de la cuarta fase del Plan Control Territorial.
Por otra parte, la legislatura anterior estuvo renuente a aprobar los fondos para que el Gobierno Central atendiera la pandemia de la COVID-19. Incluso ARENA y el FMLN presionaron al Gobierno para que $600 millones, de los $2,000 millones aprobados en marzo del año pasado para la atención de la pandemia, fueran otorgados a las arcas de las alcaldías para ejecutar obras municipales. En ese momento los alcaldes y concejales estaban en la precampaña electoral.
En cambio, la nueva Asamblea —con mayoría calificada del partido de Nuevas Ideas— aprobó y ratificó en junio pasado $650 millones con la banca multilateral para que se dispusiera de los fondos para atender la pandemia y reactivar la economía.
Asimismo, en julio pasado, el Gobierno y la Asamblea también articularon esfuerzos para solicitar y aprobar, respectivamente, el financiamiento —por $245.8 millones— para la construcción del viaducto Los Chorros.
Luego del derrumbe de rocas que provocó un fallecido en abril de 2017, el Gobierno del FMLN inició la construcción de obras de protección en la zona, pero quedaron paralizadas por casi dos años.
Siempre en temas económicos, la nueva Asamblea desentrampó la donación de $3 millones del Gran Ducado de Luxemburgo, que no había sido ratificada por la legislatura anterior. Los recursos eran para la construcción de escuelas y viviendas en comunidades de riesgo en Soyapango y San Salvador.
El nuevo congreso —que ya no se caracteriza por la confrontación y el bloqueo al trabajo del Ejecutivo— también ha cumplido la sentencia de la Sala de lo Constitucional en relación con permitir el voto en el exterior para las elecciones populares, y no solo para la presidencial, tal como legisló la anterior Asamblea.
Con la nueva correlación de fuerzas, el Legislativo dio gobernabilidad al país al remover a funcionarios de segundo grado que mantenían vínculos partidarios y que fueron electos en acuerdos bipartidistas de ARENA y el FMLN.
Durante su primera sesión plenaria, la nueva Asamblea removió al fiscal general de la república, Raúl Melara, quien hasta días antes de ocupar ese cargo había sido financista y asesor de la campaña presidencial de Carlos Calleja, precandidato de ARENA.
Los nuevos diputados también depuraron a los magistrados de Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que con sus resoluciones y sentencias adversaron el trabajo del Ejecutivo para contener y enfrentar la pandemia de la COVID-19, según argumentaron los diputados.
Además, la Asamblea reformó la Ley Orgánica de Judicial para depurar a jueces y magistrados, y eligió funcionarios de segundo grado, como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura sin vinculación material y formal con los partidos.
Otra de las acciones del nuevo pleno fue la aprobación de las reformas al Código Procesal Penal, para eliminar la prescripción de los delitos de corrupción y permitir la retroactividad de la persecución penal. La modificación fue solicitada por el Ejecutivo por medio del ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro.
La anterior legislatura —a pesar de que recibió varias iniciativas de ley de la sociedad civil y de los partidos políticos— no hizo esas reformas, que garantizan la investigación de los delitos luego de 10 años de haber sido cometidos y elimina la impunidad en los casos de corrupción de los funcionarios de los gobiernos anteriores.