El convenio internacional para la construcción y el equipamiento del Hospital Regional de San Miguel, según la directora del ISSS, Mónica Ayala, causó un desfalco de $120 millones y excluyó a la autónoma al eliminarle las facultades de intervención directa sobre el proyecto.
El convenio, que según el gobierno es ilegal por no cumplir con el artículo 168 de la Constitución, el cual establece que la suscripción de tratados y convenios internacionales es una potestad del presidente de la república y del ministro de Relaciones Exteriores, fue firmado en 2017 por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) y el Dr. Ricardo Cea, exdirector del ISSS, sin tener la autorización exigida por la ley.
Cea justificó que el acuerdo complementario se realizó en alianza entre la Unops y el gobierno durante 2007, en la gestión del exdirector Leonel Flores, con plenos poderes otorgados por la Cancillería. Dicha alianza tenía como objetivo que la Unops brindara asesoría técnica para el manejo de adquisiciones de medicamentos y construcciones.
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El proyecto para la construcción del hospital fue adjudicado a la empresa International Business and Trade LLC (IBT), la cual ha sido señalada de presunta corrupción en varios países. El monto inicial de la obra fue de $59,532,503, aunque por retrasos en la construcción la cifra incrementó a $83,013.072, mediante tres enmiendas.
«De esto tenemos la documen-tación. El ISSS destinó a la Unops para que privilegiara a otras empresas con licitaciones, contrataciones de servicios, manejo de fondos, supervisión, resolución de conflictos, planificación y adquisición de bienes, servicios y suministros», explicó Ayala.
Cea ha admitido que la Unops gerenció por completo la construcción del hospital, «por lo tanto, era la Unops la responsable de hacer los procesos necesarios de licitación, para la empresa constructora, supervisora y la compra de equipo».
Ayala cuestiona que el convenio dejó al ISSS sin herramientas para intervenir en la obra y hacer reclamos «de cualquier tipo». En una de las cláusulas de confidencialidad del acuerdo complementario se especifica que el arbitraje posee una reserva y exonera a la Unops de informar al ISSS y al gobierno sobre este.
Pero el convenio establece que el ISSS asume toda la responsabilidad de gastos adicionales necesarios durante la ejecución del proyecto y se compromete a cubrir las consecuencias de cualquier contrato que haga la Unops para la obra.
«La obra tenía un costo inicial de $59.5 millones. La cifra incrementó hasta $83.6 millones, aproximadamente. La empresa, al ser internacional, quiere que le paguemos el 20 % de los impuestos, que suman alrededor de $16 millones, y un arbitraje internacional de $17 millones. Nos han excluido de la información, ¿cuánto seguirá ganando?», cuestionó la directora del ISSS.
Ahondó que «hay 22 subcontratistas que IBT estipuló, a las que no les ha pagado, y según las cláusulas, se hará responsable el Seguro Social». Según Ayala, el acuerdo fue tan contraproducente que estipulaba «que la única manera en que se podía mediar era en un arbitraje».
La construcción tuvo una serie de retrasos. En agosto de 2016, la Unops adjudicó a la empresa Cal y Mayor y Asociados, con aval del consejo liderado por Cea, la supervisión de la obra. En 2019 se informaron algunas deficiencias de la compañía, lo cual provocó los primeros retrasos.
Durante la primera paralización, entre abril y octubre de 2017, las autoridades del ISSS expresaron su disconformidad y exigieron a la Unops apresurar la obra, pero todo fue en vano, de acuerdo con Ayala.
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La investigación del ISSS sobre este proyecto ha señalado 824 ha-llazgos relacionados con el edificio, entre ellos, tuberías sobre quirófanos, paredes deficientes y motores de aires acondicionados cerca de las áreas de cuidados intensivos.
«Son siete edificios que tienen múltiples daños en la infraestructura, filtraciones en las paredes y otros. Son 824 hallazgos de inconsistencias en la estructura», dijo Ayala.
La finalización del hospital estaba programada para el primer trimestre de 2019. Hasta la fecha, la construcción tiene un 98 % de avance. En abril de este año, el ministro de Salud, Francisco Alabí, habilitó el nuevo centro médico para atender a pacientes con coronavirus.