El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó la semana pasada a cinco secuestradores, quienes exigieron $40,000 por la liberación de la víctima con clave «Júpiter 1». Los parientes del secuestrado acordaron, al final de una tensa negociación, el pago de $6,000, pero a pesar de entregar el dinero, los ahora imputados no liberaron a la víctima. La asesinaron y enterraron en una zona rural de Panchimalco.
El 29 de octubre de 2018, «Júpiter 1» salió por la mañana de su casa de habitación y se dirigió hacia su trabajo, en el puerto de La Libertad. La última vez que su pariente con clave «Delfín» lo vio fue a las 5 de la tarde. Se hicieron las 7 de la noche y no había regresado a su residencia. Algo había pasado, pues no acostumbraba llegar tarde. Al marcarle a su número telefónico, ya no respondió; la llamada fue atendida por un sujeto que se identificó como su secuestrador: «Esto es un secuestro. Si no nos das $40,000, tu familiar va a morir».
Esa llamada fue suficiente para que la familia de «Júpiter 1» tomara la decisión de contactar a un pariente que trabaja en la Policía Nacional Civil (PNC), quien remitió el caso a la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO).
Los investigadores convocaron a una reunión a los familiares de la víctima para activar todos los mecanismos y protocolos pertinentes, así como para tomar oficialmente la denuncia. La DECO entró en estado de emergencia e inició la búsqueda.
Lo primero que hicieron los agentes a cargo de la investigación, y que es uno de los elementos probatorios en contra de los cinco procesados por el caso, fue solicitar la bitácora de los números telefónicos, sobre todo de «Júpiter 1».
Esa acción permitió focalizar el perímetro de la ubicación del teléfono de la víctima. La DECO designó a «Delfín» como la persona encargada de negociar con los secuestradores, pues antes de que los policías tomaran el caso, todos los parientes entraban en contacto con los plagiarios.
Una de las condiciones que pusieron los secuestradores fue que solo iba a llamarles «Delfín». Ellos no iban a hacer llamadas. Señalaron las 11 de la noche, las 4 de la madrugada y otras horas para recibir las llamadas. Un investigador estuvo cerca asesorando a «Delfín» sobre la forma en que iba a negociar. Se instaló el equipo para grabar las llamadas y para analizar todo lo que acontecía.
El 30 de octubre fue un día de emergencia para la DECO. Se desplegó un dispositivo de 60 agentes especializados en los lugares donde probablemente estaría la víctima: en Panchimalco, Rosario de Mora, el puerto de La Libertad, San Salvador y Santa Tecla, pendientes del sitio que podría ser elegido como punto de pago del rescate y de quiénes estaban involucrados.
Determinar el lugar de cautiverio de la víctima era la prioridad. Los secuestradores no estaban dispuestos a bajar la exigencia de los $40,000. Todo el día los exigieron, pero los parientes de la víctima no tenían la capacidad para pagar ese dinero. El asesor de la DECO era de la opinión de que solo se les dieran $4,000, pero los secuestradores rechazaron la propuesta y le dijeron a «Delfín» que ellos no eran mendigos. «Delfín» le dijo a los investigadores que solo disponían de $6,000, que él había hecho un préstamo y que al final, entre todos los parientes, reunieron esa cantidad.
Después de tantas llamadas, los secuestradores aceptaron ese monto, y tras hablar de varios lugares donde tenían que entregar el rescate, terminaron acordando que sería «cerca» de la Catedral Metropolitana de San Salvador. En medio de la negociación se solicitó a un juzgado que autorizara escuchas telefónicas. Se intervino el número desde el que «Delfín» había pedido una prueba de vida para verificar que no le habían hecho daño a «Júpiter 1».
En las grabaciones de las escuchas telefónicas a las que se tuvo acceso se oye que en las negociaciones los secuestradores le pedían a «Delfín» que para entregar los $6,000 entrara a los baños públicos de la plaza Gerardo Barrios, pero el investigador que estaba asesorando directamente a «Delfín» recomendó que no, pues eso significaba colocarlo en alto riesgo, más del que ya estaba corriendo con ir a dejar el dinero.
Los secuestradores exigieron que se llevaran dos paquetes, uno de $4,000 y otro de $2,000. El día de la entrega del dinero, «Delfín» fue escoltado desde el puerto de La Libertad, lo llevaron bajo control escalonado para no perderlo de vista y garantizar que en el trayecto nadie lo interceptara. Cuando «Delfín» llegó a la Catedral, el 30 de octubre, cerca de las 8:15 de la noche, uno de los secuestradores le indicó que se estacionara.
En los audios se escucha que el secuestrador le dice a «Delfín»: «Te voy a mandar a unos niños a recoger el dinero. Tené cuidado de que no me le vaya pasar nada a un niño mío porque ahí termina esta negociación y vamos a matar a tu familiar».
A los fiscales y a los policías se les hizo pensar que los secuestradores iban a usar a los niños para recoger el dinero, pero resultó que los niños eran dos adultos, identificados en el proceso penal como Eris Odir Rafael Martínez y Manuel Alfredo Juárez. Al momento del pago del rescate, uno de ellos agarró el paquete y se retiró para entregárselo a otro.
Luego se fueron a un parqueo cercano. Todo estaba bajo vigilancia de los agentes de la DECO. Los policías decidieron no capturarlos in fraganti con el dinero, pues esa acción pondría en riesgo a «Júpiter 1». Los secuestradores prometieron liberarlo 30 minutos después del pago de los $6,000, en el mirador de Planes de Renderos.
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«Delfín» se trasladó al punto acordado, pero su familiar no fue entregado y los secuestradores no contestaron las llamadas. Los investigadores les dieron seguimiento a los dos sujetos que recogieron el dinero. Llegaron hasta una zona rústica del cantón San Nicolás, en Apopa, específicamente a la lotificación Villa Belén. Allí amanecieron apostados en lugares estratégicos. Con las escuchas telefónicas activadas, Eris Odir Rafael Martínez llamó a Samuel de Jesús Andrés Rafael y a Émerson Osmín Rafael Martínez para preguntarles qué esperaban para matar a la víctima. La preocupación de Martínez era que la policía los encontrara con «Júpiter 1».
El 31 de octubre por la mañana, Eris Odir Rafael Martínez salió en su motocicleta hacia una fábrica; los agentes a cargo del caso lo siguieron, pero como no tenían orden de allanamiento, no pudieron entrar de inmediato al lugar y Eris huyó. En las grabaciones de las llamadas se escucha cómo más tarde se burló de la Policía.
Los efectivos policiales detuvieron a Manuel Alfredo Juárez cuando salía de la casa de Apopa. En la vivienda decomisaron la motocicleta utilizada para realizar el cobro del rescate y el dinero entregado.
También fue arrestada María Maximina Juárez López, pues en los audios grabados por la policía se le escucha decir que ella tenía el dinero escondido en la casa, y que en un primer registro los agentes no lo habían encontrado. Tres días después del secuestro, los efectivos de la PNC habían hecho capturas y encontrado el dinero del rescate, pero no sabían nada sobre «Júpiter 1».
Era un hecho que lo habían asesinado. El 1.º de noviembre por la noche, las autoridades encontraron a la víctima semienterrada en una zona boscosa del cantón Loma y Media, en el municipio de Panchimalco.