La extorsión, mal denominada «renta», surgió como modalidad delictiva y criminal en el Gobierno del expresidente Francisco Flores Pérez, de lo cual existe evidencia suficiente y, por supuesto, víctimas como los empresarios del transporte público de pasajeros y las micro y pequeñas empresas que aún operan en nuestro país.
La indiferencia y negligencia de los gobiernos desde 1992 a 1999 permitió, por la falta de políticas públicas, que los pandilleros con antecedentes criminales deportados de Estados Unidos de Norteamérica reclutaran, captaran adeptos y seguidores; los organizaron y sembraron el odio entre salvadoreños utilizando el mensaje que los miembros de pandillas de «letras» o «números» eran enemigos, que tenían que odiarse y matarse entre sí, además de que cada quien controlaría espacios geográficos que serían sus miniestados y que los separaban fronteras invisibles. Todo esto previo a los respectivos rituales de iniciación, que eran tremendas golpizas para incorporarse a su nueva familia.
El reclutamiento no paraba, y había que generar ingresos, porque los cabecillas siempre tuvieron esa visión de lucro. Aprovechando las causas estructurales de la violencia, vieron en este ejército la oportunidad de hacer dinero y vivir una vida de excesos. Estoy seguro de que nunca se imaginaron la cantidad de dinero en efectivo que lograrían en dos gobiernos.
La extorsión ha sido el ingreso más antiguo, permanente y creciente que todas las pandillas en El Salvador generaron para pagar su vida loca, costos de vida, vicios, mujeres, excesos, defensas jurídicas, pago de servicios, mantener a familias de pandilleros fieles que eran condenados, entre otros.
Según el único estudio del Banco Central de Reserva sobre los costos de la violencia y el crimen en El Salvador, en 2014 se pagaron $756 millones en extorsiones por medio de empresas a las pandillas. Esto quiere decir empresas y negocios registrados de manera formal en el país, no incluye al sector informal y los micro y pequeños empresarios.
El régimen de excepción en su aprobación y sus cuatro prolongaciones hasta la primera quincena de agosto de 2022 han logrado lo que parecía imposible, lo que nadie pudo haber proyectado ni imaginado: que en El Salvador tendríamos en agosto de 2022 evidencia de sectores de la economía del país, empresas, negocios, industrias, grandes empresas y medianas que manifestaran públicamente, y otros todavía en privado, erradicación del delito de la extorsión, y otros grupos de sectores han informado al país de disminuciones considerables que oscilan entre el 80 % y el 95 % de reducciones. Y otro grupo que se ha quedado callado, que no quiere reconocer el trabajo de la PNC, la FA y la FGR en el combate a las pandillas que ha generado estos importantes avances en el delito de extorsión.
Debo reconocer de manera muy especial la conferencia de prensa de los representantes de diferentes gremiales y asociaciones del transporte público de pasajeros, que se aglutinan en la denominada Mesa Nacional del Transporte, quienes ante medios locales e internacionales brindaron su balance sobre las disminuciones de la extorsión. Existen rutas a escala nacional que han dejado de pagar totalmente la extorsión, y en algunas rutas hay remanentes de grupos de pandilleros que cobran y amenazan, porque en su lógica creen que no serán capturados, pero los empresarios del transporte público de pasajeros han perdido el temor y están brindando sus aportes para que la erradicación de la extorsión sea a escala nacional y permanente.
Los empresarios, emprendedores, comerciantes, empresarios del transporte público de pasajeros, las tiendas, las familias que tienen una micro y pequeña empresa que han dejado de pagar extorsión de manera total están agradecidos, tienen ingresos para sus familias, para invertir, para ahorrar, para soñar que pueden crecer y expandirse. Y de igual manera los que han reducido considerablemente el pago de extorsión a las pandillas están con la confianza de que la PNC, la FA y la FGR continuarán impactando a las estructuras criminales de las pandillas en El Salvador.
La erradicación y las disminuciones considerables son una de las evidencias de los resultados del régimen de excepción. Solo aquel o aquella persona que nunca ha recibido una amenaza de muerte para él, su familia o colaboradores no puede disponer de la empatía para aproximarse a la libertad que sienten los que antes tenían que tributar a los pandilleros.
Gracias a Dios y al trabajo y sacrificio de la PNC, la FA, la FGR, del MJSP y todo su talento humano, por primera vez hay testimonios que han sido libres de la extorsión.