En el juicio contra el expresidente Mauricio Funes y el exministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés declararán al menos 42 testigos. Llegarán a aportar información de cómo se instauró la tregua con las pandillas y el manejo que se hizo durante año y cinco meses que duró ese «proceso de pacificación» como se le llamó en el gobierno del FMLN.
La Fiscalía General de la República ha propuesto 30 testigos y uno de los defensores de Munguía Payés ha informado que ellos estarían presentando entre 10 y 12 para desvirtuar la acusación.
El ministerio público cuenta con dos testigos clave, se trata de dos excabecillas de pandillas quienes a cambio de beneficios penales decidieron colaborar en la investigación y criteriarse para llegar a contar detalles de la tregua promovida y avalada por Funes y Munguía Payés.
Los expandilleros criteriados «Noé» y «Salomón» contarán los beneficios y privilegios que la presidencia de Mauricio Funes le otorgó a cambio de reducir los homicidios y generar una buena imagen al primer gobierno del FMLN.
También se ha ofrecido la declaración del testigo régimen de protección «Franco». En la entrevista que dio este testigo el 23 de julio de 2020, tres días antes que fuera acusado Munguía Payés, confesó que el exministro inició la tregua porque tenía aspiraciones presidenciales.
Según «Franco», Munguía Payés pensaba que si lograba controlar la delincuencia, le iba a generar réditos y lo potenciaba como presidenciable, que se podía presentar a un proceso electoral con buenas credenciales, para lograr instalar la tregua se hizo rodear de funcionarios de confianza a quienes nombró como titulares en diferentes instituciones del gabinete de seguridad.
La tregua de pandillas se mantuvo vigente entre marzo de 2012 a agosto de 2013 y todos los detalles de ese pacto se comenzaron a conocer en las causas penales «Operación Jaque» y «Operación Cuscatlán».
Noé en la declaración anticipada que le tomaron el 14 de octubre del año 2020 ante el Juzgado Especializado de Instrucción A, dijo que la tregua permitió a las pandillas fortalecerse y hasta llegar a relacionarse con políticos y captar fondos para esas estructuras.
El criteriado (testigo con beneficios penales) ha manifestado que con la tregua «se les facilitó sembrar la semilla del mal».
En la acusación fiscal planteada al Juzgado Especializado de Sentencia C de San Salvador, se expone que Mauricio Funes, quien se asiló en Nicaragua desde el año 2016 y luego fue nacionalizado en ese país, promovió facilitando e impulsado a las pandillas.
Los fiscales señalan que como mandatario estuvo enterado de la gama de ilegalidades y delitos que se estaban cometiendo con la ejecución de la tregua, pero no interpuso sus oficios para revocarlas y por eso es acusado de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes.
En el caso de Munguía Payés, enfrenta la vista pública por agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios. El exfuncionario está en el penal de Mariona desde el 20 de diciembre de 2021, cuando el Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador le revocó el arresto domiciliar.
El ministerio público ha ofrecido prueba documental consistente en libros de novedades de entradas y salidas de los centros penales de Izalco, Zacatecoluca, San Vicente, Chalatenango, Quezaltepeque, Mariona, Ciudad Barrios y San Francisco Gotera de los años 2012 y 2013, específicamente los meses en los cuales estuvo activa la tregua.
La defensa pidió que se excluyera porque materialmente no está en el expediente, el juez dijo que no es un caso de negligencia de la Fiscalía porque ha estado pidiendo esos libros a Centros Penales entidad que no los ha entregado y se esperará el momento para reproducir esa prueba, si no se tiene a esa fecha, solo se tomará en cuenta la que esté disponible.
El Juzgado Especializado de Sentencia C de San Salvador tiene previsto que la vista pública dure cinco días. Funes es enjuiciado como reo ausente gracias a las reformas que la Asamblea Legislativa aprobó para que los jueces procesaran a imputados prófugos.
