Para las autoridades de Seguridad acabar con las pandillas en El Salvador no solo significa desarticularlas y capturar a sus integrantes sino asegurar para estos la permanencia en cárceles y hacer justicia contra todos los crímenes cometidos.
Reformas al Código Penal, así como a la Ley Especial Contra el Crimen Organizado, a la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones y la Ley de Telecomunicaciones para evitar la corrupción son algunas acciones efectuadas en los últimos años y que forman parte de las estrategias de seguridad.
«Por años estuvimos sometidos a una cultura de muerte y nunca nadie hizo nada. Hoy, desde un Estado de Derecho estamos librando una guerra contra pandillas, limpiando nuestro país de ese cáncer de la sociedad», ha dicho el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
Entre las últimas solicitudes hechas por el gabinete de Seguridad, y que ya fueron aprobadas el martes 25 de julio de 2023 están las referidas a reformas a la Ley contra el Crimen Organizado que permitirán incrementar en una tercera parte la pena para cabecillas de estructuras terroristas, así la condena pasa de 45 a 60 años de cárcel mientras que la otra solicitud aprobada era para ordenar procesos de los más de 65,000 detenidos bajo el régimen de excepción.
«A la Fiscalía se han presentado más de 3,000 solicitudes de imposición de medidas. Con estas reformas y el procesamiento de estos grupos terroristas vamos a reducirlas a 300 y a la vez nos permitirán enfrentar a cualquier otra organización terrorista nacional o transnacional», afirmó Villatoro. Esta nueva disposición permitirá procesar a las pandillas como grupos y no solo de forma individual.
Titulares de todo el gabinete de Seguridad han dicho que no descansarán hasta que el último pandillero, cabecilla, colaborador y otros estén dentro de la cárcel y se asegurarán de que no salgan de ella.
«El Salvador estaba plagado de leyes perversas donde el centro eran los derechos humanos de los delincuentes y nunca velaban por los derechos humanos de las mayorías, de los inocentes. Las reformas que hemos presentado a la Asamblea Legislativa están dadas en razón de cómo países de primer mundo enfrentan a los terroristas. Eso significa procesar al grupo terrorista y sus miembros», ha dicho Villatoro.
Hasta ahora, las pandillas en El Salvador han sido desarticuladas en más del 75%, esto gracias al Plan Control Territorial y al régimen de excepción, periodo que ha funcionado para sacar de las calles a más de 70,000 pandilleros a nivel nacional. Esto ha permitido en 18 meses que El Salvador haya logrado la cifra histórica de más de 400 días sin homicidios.
Entre algunas de las reformas solicitadas por la actual gestión y aprobadas está que la pertenencia a una pandilla sea castigada con cárcel de 20 a 30 años y es calificado por el Código Penal como agrupaciones ilícitas. Los cabecillas, financistas y creadores de estas estructuras de crimen organizado que sean condenados en vista pública, recibirán hasta 60 años de prisión.
Los cambios efectuados también a la Ley Penal Juvenil incluyen que a partir de los 12 años un menor pueda ser juzgado como adulto y pueden recibir 10 años de cárcel y los que hayan cumplido 16 serán condenados hasta con 20 años de prisión.
«Las pandillas, durante todo este tiempo que no fueron combatidas por gobiernos anteriores, pudieron crecer y relacionarse en este tema; crecieron tanto que se involucraron en el narcotráfico», ha mencionado el diputado de Nuevas Ideas, Eduardo Amaya.
De igual forma en noviembre del año pasado, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la Ley Orgánica Judicial que dio paso a la creación de nuevos tribunales para los casos de crimen organizado, de grupos terroristas y de pandillas en todo el territorio. Estos comenzaron funciones en enero de este año.
La diputada por Nuevas Ideas, Marcela Pineda, ha asegurado que con estas enmiendas se busca brindar a salvadoreños el acceso a la pronta y cumplida justicia, la que por décadas les fue negada.
«Estas reformas permitirán la creación de nuevos tribunales que se sumarán a la guerra contra las pandillas. Ahora, los salvadoreños encontrarán la justicia que les fue negada por el sistema anterior», dijo la legisladora.
Se castiga la apología a las pandillas
En marzo del año pasado, los parlamentarios también avalaron reformas al Código Penal, con el objetivo de castigar hasta con 15 años de prisión a quienes realicen o colaboren en la elaboración y difusión de mensajes alusivos a grupos terroristas.
Los parlamentarios modificaron el artículo 345 de dicha normativa para incorporar el artículo 345C, a fin de castigar con cárcel a quienes elaboren o colaboren en la realización de textos, pinturas, diseños, dibujos, o cualquier forma de expresión visual en bienes inmuebles de uso público o privado que explícita o implícitamente hagan alusión a grupos criminales.
El ministro Villatoro ha dicho que «por la esperanza, libertad y seguridad que estamos disfrutando, tenemos la responsabilidad de seguir haciendo cambios en las leyes perversas que nos dejaron los gobiernos anteriores».
