El general en retiro Mario Montoya será imputado por las ejecuciones de 104 civiles presentados como rebeldes abatidos en combate durante su tiempo al mando del ejército de Colombia (2006-2008), anunció este sábado la fiscalía.
«Lo vamos a imputar como el determinador por homicidio agravado (...) de 104 de los llamados falsos positivos», dijo a la revista Semana el fiscal general, Francisco Barbosa, aludiendo al escándalo en el que militares ejecutaron a miles de civiles entre 2002 y 2008 para hacerlos pasar por bajas en medio de una feroz lucha antiguerrillera.
Según el ente investigador estos asesinatos ocurrieron entre 2007 y 2008 y cinco de la víctimas eran menores de edad. «Todos los autores materiales fueron miembros activos del Ejército», agregó Barbosa.
Montoya se sometió en 2018 a la Justicia Especial de Paz (JEP), que investiga los peores crímenes del conflicto y que ofrece penas alternativas a la cárcel a quienes confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas. Su expediente no ha sido resuelto.
Según la JEP, más de 6.400 civiles fueron asesinados durante el gobierno de Álvaro Uribe por militares incentivados por un «body count» o conteo premiado de cuerpos.
La imputación de la fiscalía busca «ayudar» al tribunal surgido de los acuerdos con la guerrilla FARC en 2016 a esclarecer estos crímenes, explicó Barbosa.
Varios subordinados de Montoya han admitido ante la JEP que asesinaron a civiles para presentarlos como bajas en combate a cambio de días de vacaciones y otros beneficios.
El entonces mayor del ejército Gustavo Soto relató a la AFP en 2020 que Montoya medía los resultados operacionales «en muertos».
Según Barbosa, el oficial retirado «fue a las brigadas, a los batallones, a las divisiones (...) con la política de premios por esas ejecuciones».
Pero el general niega haber instigado estos crímenes y su defensa sostiene que «en ningún momento existió una directiva o directriz al ejército para hechos tan atroces».
