Una estructura de 26 terroristas de la Pandilla 18 son enjuiciados por extorsión agravada en perjuicio de dos víctimas con régimen de protección.
En la vista pública, la Fiscalía General de la República también les atribuye agrupaciones ilícitas, así como proposición y conspiración en delito de homicidio.
La Fiscalía General de la República presentará durante toda la semana la declaración de testigos que trabajaron en la investigación de los pandilleros y de dos víctimas que fueron extorsionadas.
Se trata de «Clave Imperio» y «Águila 1» quienes luego de ser amenazadas por los pandilleros para pagar diferentes cantidades de dinero decidieron acudir ante las autoridades para denunciar los chantajes.
«Clave Imperio» dijo en su denuncia que en el año 2019 los mareros le comenzaron a exigir $1,800 semanales, posteriormente le incrementaron la cuota y le ordenaron que debía entregar $1,500 más, haciendo un total de $3,200.
A clave «Águila 1» también la extorsionaran y amenazaron si no accedía a pagarles varias cantidades de dinero, así lo manifestó al momento de la entrevista que le tomaron investigadores antiextorsiones de la Policía Nacional Civil (PNC).
En cuanto a las agrupaciones ilícitas y proposición y conspiración en delito de homicidio, el ministerio público dispone de escuchas telefónicas para probar que los terroristas formaban parte de una agrupación y que además, habían planificado asesinar a las personas que se negaban a pagar la extorsión.
Según la acusación los pandilleros estuvieron delinquiendo en la colonia Santa Rosa, colonia Sonora y otros sectores de Cuscatancingo, al norte de San Salvador.
Otro elemento de la representación fiscal para probar las agrupaciones ilícitas es que ha definido el rol y función que tenía dentro de la estructura cada uno de los pandilleros. «Esta estructura está conformada por homeboys, gatillos, soldados y civiles. Actualmente, todos guardan prisión en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, Cecot», según la Fiscalía.