La Fiscalía General de la República (FGR) presentó esta mañana una solicitud ante el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio para que ordene que los bienes del exministro de la Defensa David Munguía Payés y su grupo familiar por un monto de $4.6 millones en inmuebles, vehículos y cuentas bancarias pasen al Estado.
El general retirado Munguía Payes es imputado en el caso de la tregua entre pandillas que el gobierno del expresidente asilado, Mauricio Funes, pactó con las maras a cambio de beneficios electorales.
La fiscal del caso explicó que el monto solicitado oscila los $4,638,000, dinero que el exministro y su familia habrían obtenido de actividades ilícitas como el lavado de dinero y actos de corrupción en el periodo de 2009-2018.
«Tenemos identificado bienes inmuebles en titularidad de él [Munguía Payés], en su grupo familiar productos financieros, depósitos a plazo fijo, cuentas de ahorro, corriente, vehículos. El monto a que asciende oscila en $4,638,000», explicó la representante de la FGR. Agregó, que el ministerio público pretende que todos esos bienes pasen a favor del Estado.
Presentan investigación final
El pasado viernes, la Fiscalía presentó en el Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador el dictamen de investigación final en contra del expresidente Mauricio Funes, y el exministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, vinculados con la tregua entre pandillas.
Funes es acusado de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes, mientras que Munguía Payés es señalado de agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios.
«En ese contexto el ministro Munguía Payés le hace la propuesta al entonces presidente [Mauricio Funes] del plan de tregua entre pandillas y recibiendo la autorización por parte del presidente de la República para que se ejecutara dicho plan. Para el desarrollo de la tregua entre pandillas el general Munguía Payés emitió órdenes a instituciones públicas a cargo de él como la Dirección General de Centros Penales y la Policía Nacional Civil para que se le brindaran flexibilizaciones en las normativas penitenciarias [a los delincuentes]», explicó ese día uno de los fiscales.
La misma fuente aseguró que las investigaciones han determinado, hasta este momento, que Munguía Payés, supuestamente, gestionaba apoyo logístico policial para uno de los mediadores de la tregua: Raúl Mijango.
Además, mencionó que la influencia del entonces ministro fue tal que «es así que las órdenes de Munguía Payés tuvieron como consecuencia la vulneración de los protocolos de seguridad en todos los centros penales donde se encontraban albergados miembros de pandillas, lo cual con el testimonio dos personas que estuvieron de parte de las pandillas en el proceso de negociación han establecido que a raíz de ese proceso ellos vieron fortalecidos», manifestó.
El ministerio Público solicitó que este expediente, judicializado el 26 de julio del año 2020, sea enviado a juicio para que ambos enfrenten vista pública.
Actualmente Munguía Payés se encuentra en arresto domiciliar con vigilancia de la Policía Nacional Civil tras haber pagado una caución económica de $10,000. Mientras que el expresidente prófugo, asilado en Nicaragua desde 2016, la Fiscalía le atribuye el haber promovido, facilitado e impulsado a las pandillas. Según la acusación Funes, quien lleva acumuladas seis órdenes de captura, tuvo conocimiento de las ilegalidades que se estaban generando, pero no hizo nada para detenerlas ya que buscaba mantener una buena imagen de que en su gobierno los homicidios se habían reducido.
El proceso que está en el Juzgado Especializado de Instrucción A tiene entre las pruebas a los testigos criteriados «Noé y Salomón» quienes han narrado todo sobre el manejo de la tregua entre pandillas desde marzo de 2012 a agosto de 2013.
En los casos penales conocidos como «Operación Jaque» y «Operación Cuscatlán» los testigos criteriados y otros testigos, entre ellos, exfuncionarios y mediadores de ese proceso dijeron que el papel que tuvieron Funes y Munguía Payés fue clave.
