La Fiscalía General de la República pidió el miércoles retirar el fuero parlamentario al diputado Alberto Romero, de ARENA, para que enfrente como un ciudadano más el proceso en su contra por enriquecimiento ilícito. Un delito que cometió como legislador, aprovechando sus cargos en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, a diferencia de Nuevas Ideas, que no solo ha acompañado, sino que también ha promovido las votaciones para eliminar la inmunidad parlamentaria de sus miembros involucrados en corrupción, la bancada de ARENA se cerró para proteger a su integrante.
No es algo que sorprenda, sino, más bien, está acorde con la naturaleza corrupta de ARENA. Ya en el pasado se ha dedicado a encubrir los crímenes cometidos por sus integrantes, como sucedió con el exdiputado Norman Quijano que negoció con las pandillas cuando era candidato a presidente de la república. Cuando llegó la petición de antejuicio, ARENA cerró sus filas y lo blindó para evitar que fuera llevado ante los tribunales.
Esto último es especialmente interesante, porque prueba el grado de involucramiento del partido y de su dirigencia en actos delictivos. Quijano, de hecho, no actuó solo, sino que lo hizo por encargo de la cúpula arenera y fue acompañado por un miembro de esta, el exalcalde Ernesto Muyshondt.
El diputado Romero ha sido jefe del grupo parlamentario de ARENA y se ha desempeñado como diputado por muchos años. Sin embargo, el aumento de su patrimonio ha sido a un ritmo que no está relacionado con sus ingresos formales, por lo que se procedió a investigar. Las indagaciones han determinado un origen ilícito, razón por la que debe enfrentar la justicia.
El que sea un diputado pone la barrera del fuero legislativo, creado para evitar que un parlamentario pase en los tribunales ante cualquier demanda, tenga o no sustento. Sin embargo, cuando hay pruebas contundentes, como las hay contra Romero, lo procedente es retirarle la inmunidad. Eso, sin embargo, no es tan claro para ARENA, que utilizó la vieja y desgastada estrategia de «denunciar una persecución política». Es exactamente lo que dice el expresidente Mauricio Funes, del FMLN, cuando lo procesan judicialmente por saquear $351 millones de las arcas del Estado.
Nuevas Ideas, en cambio, mantiene un compromiso para combatir la corrupción de sus diputados: tres legisladores han perdido el fuero parlamentario y enfrentan los procesos judiciales en su contra.