El Salvador tendrá una nueva ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, que estará diseñada en favor de los usuarios y sustituirá a la normativa que ha estado vigente desde el 27 de octubre de 1995. La comisión de obras públicas de la Asamblea Legislativa comenzó a elaborar la nueva normativa desde julio pasado; a la fecha, está en el proceso de revisar «artículo por artículo». El presidente de esta comisión y diputado de Nuevas Ideas, Salvador Chacón, explicó que a más tardar en 15 días estará listo el dictamen favorable para que el pleno dé su aval.
Agregó que la normativa se enfocará en «modernizar el transporte público de pasajeros», una de las peticiones que la población ha hecho ante la comisión de obras públicas, debido, principalmente, al mal estado de los buses y microbuses. La nueva ley obligará a que cada bus o microbús del transporte público de pasajeros pase «dos revisiones técnicas obligatorias y rigurosas cada año», con el fin de que las autoridades de Tránsito registren el estado real del transporte colectivo.
Actualmente, el Viceministerio de Transporte (VMT) es el encargado de autorizar a escala nacional los talleres para la revisión de las unidades. La normativa también obligará que los motoristas del transporte colectivo asistan a cursos de reeducación vial si se les ha decomisado la tarjeta o licencia de conducir por sus reiteradas violaciones a la ley de tránsito y por malos tratos hacia los pasajeros.
A causa de los percances viales provocados por conductores de dicho sector, la Asamblea Legislativa reformó —el pasado 21 de septiembre— el artículo 147 e del Código Penal, para impedir que los culpables queden en libertad cuando provocan accidentes en los que hay fallecidos. Con esa reforma, los motoristas reciben de cinco a ocho años de cárcel por el delito de conducción peligrosa. En el caso de los conductores particulares, la pena es de cuatro a seis años. Además, con la nueva ley las escuelas de manejo serán reguladas con el fin de mejorar la enseñanza vial y la normativa de tránsito. «Se va a poner más riguroso con las escuelas de manejo.
Lamentablemente, uno de los problemas que tenemos ahora es que cualquiera anda manejando. Eso se va a quitar porque una de las apuestas de la ley es la educación vial», anunció el presidente de la comisión de obras públicas. Las escuelas de manejo son las encargadas de evaluar a los futuros conductores, para que luego tramiten la licencia de conducir ante el Viceministerio de Transporte (VMT). Otra diferencia con respecto a la actual normativa es que se garantizará que los adultos mayores y las personas con discapacidad paguen el 50 % del valor del pasaje. La diferencia por la reducción la asumirán los transportistas; o sea, no será subsidiada por el Gobierno Central.
La propuesta para el pago del medio pasaje fue presentada a la comisión por el Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad (Conaipd), el Consejo Nacional del Adulto Mayor y la socie – dad civil, durante la fase de consultas públicas que el grupo legislativo hizo recientemente para recolectar insumos y construir el nuevo cuerpo de ley.
En agosto de 2015, el entonces ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez —ahora asilado en México luego de las acusaciones de corrupción en El Salvador—, le presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto normativo para que los adultos mayores y las personas con discapacidad solo pagaran medio pasaje. Sin embargo, la iniciativa de ley de Martínez no fue aprobada por la Asamblea, a pesar de que su partido (FMLN) estaba en el Gobierno y que la legislatura 2015- 2018 tenía la mayoría calificada de votos con GANA, PCN, PDC y Cambio Democrático (CD).
EL REGISTRO Y LAS MULTAS
La ley vigente —que se remonta al período presidencial de Armando Calderón Sol, del partido ARENA— ha tenido desde entonces 31 reformas, dos derogatorias de artículos, dos reformas observadas y 11 vetos del Ejecutivo de los gobiernos anteriores. También tiene nueve aprobacio – nes de disposiciones transitorias y cuatro prórrogas para el traspaso de las concesiones o de los permisos de circulación de las unidades del trans – porte colectivo.
Este tema estará regulado en la nueva normativa, porque creará un registro histórico de la concesión y del traspaso de cada bus o microbús. Dicho registro será administrado por la Dirección General de Transporte Terrestre del VMT.
Asimismo, el presidente de la comisión confirmó que la ley aumentará el costo de las multas por las violaciones, pero serán «acordes a nuestra realidad económica». El legislador no reveló los nuevos montos. El 17 de julio pasado, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, presentó a la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley para incrementar las faltas leves de $11.43 a $50; las graves de $34.29 a $100, y las muy graves de $57.14 a $150.
