El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, inició hoy el juicio contra el expresidente del Banco Multisectorial de Inversión, Nicola Ernesto Angelucci Silva y Sigfredo Armando Figueroa Salinas, exdirector de la Asociación Infocentro, acusados por la Fiscalía de peculado y negociaciones ilícitas.
Los dos imputados supuestamente administraron de forma irregular $6,193,000 cuando fueron funcionarios entre los años 1999 al 2009. El ministerio público comenzó a investigar en el año 2012 cuando se denunció varias erogaciones de dinero que realizó el BMI para proyectos de los cuales no existía evidencia de que Infocentros los ejecutó.
En este proceso penal, la Fiscalía General de la República menciona que Angelucci Silva como presidente del BMI y de la Asociación Infocentros, se aprovechó de esos cargos para favorecer la suscripción de convenios con Infocentros y de esa manera el BMI transfirió los más de $6 millones a Asociación Infocentro, aún y cuando el Banco Multisectorial de Inversiones no estaba facultado para suscribir convenios, según lo establece sus estatutos.
«Los servicios que se manifiestan en los convenios a criterio de la representación fiscal no fueron prestados y fueron totalmente basados en contra de la ley puesto que no autorizaba la suscripción de convenios por parte del Banco Multisectorial de Inversiones con ninguna institución de carácter privada», dijo uno de los fiscales.
Sigfredo Armando Figueroa Salinas, es señalado por la Fiscalía de haber firmado documentos para que Angelucci Silva lograra supuestamente apropiarse de ese dinero.
Repetición
Los imputados enfrentarán nuevamente el juicio ya que la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador anuló la condena de 10 años que el 12 de marzo de 2019, le impuso a Angelucci Silva, el Tribunal Tercero de Sentencia.
Por mayoría el tribunal lo encontró culpable de peculado en la modalidad continuada, pero la defensa apeló y en noviembre del mismo año el tribunal superior anuló la sentencia y ordenó la nueva vista pública.
En la sentencia que fue anulada los jueces establecieron que hubo una sustracción sistemática de fondos públicos disfrazados con convenios ilegales y que además hubo una pluralidad de acciones y omisiones.
En el fallo se mencionó que en el período 2002-2009 se firmó un convenio para la «Red del Desarrollo», conocido como el convenio madre, pero luego se suscribieron seis, totalizando siete, pero de esos, seis convenios fueron irregulares.
La ilegalidad detectada tiene que ver con la violación a la ley LACAP, ya que los mas de $6 millones transferidos por el BMI, ahora BANDESAL, por ser fondos públicos se tuvo que haber sometido a concurso público.
Tras la condena, la defensa apeló ante la Cámara Tercera de lo Penal y los magistrados anularon la pena de 10 años impuesta a Angelucci por una infracción a las reglas de la sana crítica en la condena por peculado, también detectaron una errónea interpretación por la absolución en el delito de negociaciones ilícitas para Angelucci Silva.
