En el proceso penal de la masacre de El Mozote, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, departamento de Morazán ha ordenado la creación del Registro Judicial de Víctimas El Mozote el cual debió hacerse desde que se reabrió el caso.
Un informe enviado a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por parte de la jueza de la causa, Mirtala Teresa Portillo de Cruz, detalla que el Registro Judicial de Víctimas se ha elaborado tomando en cuenta las víctimas directas e indirectas.
«A mi llegada al proceso, advertí que las únicas víctimas individualizadas dentro del proceso son las presentada por los acusadores particulares, lo cual coloca al Estado de El Salvador [representado por el juez] con un operado pasivo, sin iniciativa propia, no obstante que el ordenamiento procesal bajo el cual se tramita el proceso, el juez tiene la dirección del proceso investigativo», dice el informe de la jueza.
A partir de esa obligación del Estado de garantizar el acceso a la justicia esa sede judicial ordenó crear el Registro Judicial el cual se nutre de bases de datos ya configuradas y con la información ya procesada por la Fiscalía General de la República, Procuraduría de Derechos Humanos, asociación de víctimas y organizaciones vinculadas al esclarecimiento de los hechos ocurridos en 1981.
La jueza del caso también ha informado que se hacen diligencias consistentes en decretar medidas cautelares a inmuebles de los acusados para evitar que sean traspasados o vendidos.
Además, un equipo de colaboradores del juzgado estará a cargo de estudiar la capacidad económica de los acusados y sus grupos familiares. Todas esas acciones van encaminadas a asegurar la reparación civil de las víctimas.
La masacre ocurrió entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, cuando cerca de 1,000 habitantes de El Mozote, La Joya, Ranchería, Toriles, Cerro Pando, Jocote Amarillo y otras comunidades del municipio de Meanguera, Morazán, fueron asesinados por miembros del Batallón Atlacatl y de otras unidades de la Fuerza Armada.
La Fiscalía General de la República acusa a 18 militares retirados por los delitos de asesinato y violación agravada, bajo el Código Procesal Penal de 1973.