De manera unánime los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras asignaron este martes a Edwin Ortez Cruz como el juez natural que conocerá la solicitud de extradición de Estados Unidos contra el expresidente del país centroamericano, Juan Orlando Hernández, por los delitos de tráfico de armas, crimen organizado y narcotráfico.
Cruz dispondrá de toda la documentación y definirá el proceso para una orden de captura de Hernández o la entrega «voluntaria» que comunicó el exmandatario. Además, anunciará la fecha de la primera audiencia del caso.
Medios de comunicación señalan que el magistrado es de afiliación del Partido Nacional.
Estados Unidos solicitó la extradición del expresidente el lunes por al menos tres delitos: tráfico de armas, crimen organizado y narcotráfico, según el vicecanciller de Asuntos Consulares y Migratorios de Honduras, Tony García.
«Mientras la Corte Suprema de Justicia (CSJ) nombra al juez natural y emite orden de captura o se entrega, el poder Ejecutivo actúa de manera diligente y preventiva cerca casa de JOH con efectivos de la policía nacional. Delitos: Tráfico de armas, crimen organizado y narcotráfico. ¡Nadie está por encima de la ley!» publicó.
Entrega voluntaria
«No es momento fácil, a nadie se lo deseo. La policía nacional a través de mis apoderados ha recibido el mensaje. Estoy listo para colaborar y llegar voluntariamente con su acompañamiento en el momento que el juez natural que designe la Corte Suprema de Justicia así lo decida, para poder enfrentar esta situación y defenderme», fue el audio que compartió el expresidente en su cuenta de Twitter.
Desde anoche, la policía rodeó su vivienda ubicada en la colonia San Ignacio, en Tegucigalpa.
El Partido Nacional de Honduras también emitió un comunicado en sus redes sociales solidarizándose con el exmandatario por la extradición.
«Nos solidarizamos con la situación personal del exmandatario…un líder político dentro de nuestra institución política», reza el comunicado en el que también instó a las autoridades «garantiza un trato respetuoso» y «sujetarse en el marco de los derechos humanos inherentes a todo ciudadano ciudadano hondureño».