En el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador comenzaron a ser procesados tres empleados de la Corte de Cuentas de la República (CCR) acusados de maquillar auditorías para favorecer a alcaldías de la zona oriental.
Los procesados son: Ismael Pereira Vásquez, quien ha estado fungiendo como director regional de la zona Oriente de la CCR, Ramón Armando Alvarado, jefe de equipo y el auditor prófugo Manuel Enrique Díaz Paiz.
El ministerio público acusa a los tres funcionarios por el delito de incumplimiento de deberes por haber favorecido supuestamente a la alcaldía de Chinameca, departamento de San Miguel.
En el expediente se detalla que los acusados hicieron una auditoría financiera en la referida alcaldía en el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2016.
«Durante la realización de la auditoría financiera básicamente limpiaron un informe, quitando 15 hallazgos que debieron ser incorporados en el informe final», dijo el fiscal del caso.
«Según las investigaciones, los imputados dejaron los informes de auditoría en limpio pese a que sí existían hallazgos que reportar», publicó la Fiscalía luego de judicializar el caso en el cual solicitó que sigan en prisión.
El pasado 13 de julio, 10 empleados de la Corte de Cuentas entre ellos los tres imputados enfrentaron una audiencia por supuestamente maquillar auditorías en las comunas de los municipios de Bolívar, Chilanga y Comacarán, entre los años 2016 y 2018.
En la audiencia de imposición de medidas el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, decretó medidas alternar a la detención para nueve procesados que fueron detenidos por la Policía y en el caso de Manuel Enrique Díaz Paiz giró orden de captura por ser prófugo.
Una investigación inicial del ministerio público ha detectado que los 10 imputados habrían favorecido aproximadamente 45 alcaldías del oriente del país, hasta el momento se han judicializado el caso de cuatro municipalidades.
Los acusados según la Fiscalía se aprovecharon de sus cargos para omitir información de auditorías y evitar que exfuncionarios municipales enfrentaran juicios de cuentas por mal uso de los fondos públicos.
