E l Fondo Monetario Internacional (FMI) siempre ha sido descrito por grupos progresistas y defensores de la libertad como una organización que busca implementar políticas neoliberales que atentan contra la soberanía de los Estados, buscando únicamente salvaguardar sus intereses, sin importar los costos sociales de sus políticas. Eso, sin embargo, no es suficiente para desmeritar el trabajo de esta institución, que también respalda a una infinidad de Gobiernos.
Lo que no se puede dejar de lado en el análisis es que el FMI tiene intereses y que estos se identifican conforme el tamaño de la participación de los países que integran la organización. Así, no es una sorpresa que buena parte de las condiciones que suele imponer a las naciones vaya en concordancia con los intereses de Estados Unidos y su política monetaria y financiera.
Primero fue el FMI el que puso en tela de juicio la decisión del Gobierno del presidente Nayib Bukele de adoptar, luego de una aprobación legislativa, el bitcóin como moneda de curso legal en el país. Aunque, a diferencia de la dolarización, el uso de la criptomoneda es opcional (y a gran mayoría de operaciones se realiza en la divisa estadounidense), las denuncias de «imposición» se han multiplicado entre los voceros de la oposición y han sido retomadas por aquellos que viven dentro del ecosistema del FMI y sus aliados.
Ahora, como guardianes del «statu quo», senadores estadounidenses han solicitado crear una ley para «vigilar» el funcionamiento del bitcóin en el país y analizar «los riesgos potenciales» para el sistema financiero de Estados Unidos.
¿Cuál es el temor que despierta la operación en bitcóin en un país como El Salvador? Por la reacción de los senadores, parece que la utilización de una divisa que no es controlada por ningún Gobierno y que representa la libertad de los ciudadanos es suficiente razón para poner a temblar el sistema financiero de una potencia mundial. «Estados Unidos desea preservar el papel del dólar como moneda de reserva del mundo», reconoció sin ambages Bill Cassidy, uno de los tres senadores que promovieron la iniciativa en contra de El Salvador y su decisión de adoptar el bitcóin.
En todo caso, el presidente Nayib Bukele recordó que una ley estadounidense no tiene ninguna jurisdicción en otra nación soberana e independiente. Quienes así lo crean o están de lado de la intervención extranjera directa y sin escrúpulos, como sucedía en la primera mitad del siglo pasado en naciones con Estados débiles y dependientes, o atacan las iniciativas de la transformación nacional.