Ayer, en un lapso de menos de dos horas, en diferentes ciudades de Estados Unidos se reportaron tiroteos masivos. En uno, un grupo de asistentes a un funeral fue acribillado y hubo varios heridos; en tanto, en otro al menos cuatro personas murieron. Un día antes, un empleado de un banco abrió fuego con un rifle contra usuarios, asesinó a cinco e hirió de gravedad a otros antes de que fuera abatido por la policía.
En El Salvador, llevamos ya varios días sin reportes de homicidios gracias a las políticas de seguridad implementadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele. Como producto directo del Plan Control Territorial y del régimen de excepción, las autoridades han enviado a prisión a más de 65,000 pandilleros y sus colaboradores, lo que ha significado conquistar la tranquilidad en barrios y colonias que durante décadas vivieron bajo el terrorismo de las maras.
Las reducciones de la violencia y de los delitos que el presidente Bukele ha logrado fueron la base para que la reciente Semana Santa haya sido la más segura de la historia nacional, se rompieron los récords de visitantes en el Centro Histórico, otrora —durante los gobiernos de ARENA y del FMLN—, un territorio bajo dominio de las estructuras criminales.
Sin embargo, las estrategias del Gobierno han encontrado críticos también en naciones que están padeciendo el azote de la violencia y de los homicidios, como Costa Rica y Colombia. En el primero, bandas de narcotraficantes han hecho cada vez más comunes los asesinatos que impactan a una sociedad que se enorgullecía de sus altos niveles de seguridad.
En Colombia, los homicidios, los robos, los secuestros, las extorsiones y las violaciones campean a sus anchas y la «brillante» solución de su presidente, Gustavo Petro, es dejar de llamar «delitos» a los delitos para, de esa forma, reducir los altos niveles de criminalidad.
De modo que, en lugar de buscar soluciones acordes a las realidades de sus naciones, funcionarios de esos países se dedican, en cambio, a atacar a El Salvador por las estrategias implementadas para reducir la violencia y los delitos, con lo que tratan de pasar por encima de su soberanía.
No obstante, el Gobierno ha ejecutado todas las acciones necesarias para que las medidas contenidas en el régimen de excepción y el Plan Control Territorial tengan el respaldo legal y, sobre todo, protejan la vida y los bienes de los ciudadanos. Es por eso que el pueblo salvadoreño reconoce al presidente Bukele, por haber sido el único que realmente logró someter a las pandillas.