Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Guillermo Wellman y Julio Olivo se opusieron al pacto ético digital que elaboró una comisión al interior del ente colegiado para que los partidos políticos respeten la normativa electoral previo a los comicios del 28 de febrero.
El pacto fue elaborado con el objetivo de buscar el respeto, la tolerancia y las buenas prácticas en materia de información y proselitismo en medios de comunicación, según consta en el documento al que este medio tuvo acceso.
Sin embargo, el documento no fue firmado porque Wellman, quien fue propuesto en el cargo por el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), y el magistrado Olivo, postulado por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) para integrar al TSE, no estuvieron de acuerdo con este.
Fuentes del Tribunal indicaron que el magistrado Wellman se opuso y el magistrado Olivo, también; sin embargo, otra fuente explicó que Olivo no se opuso, «pero le hizo matices», al igual que el magistrado Rubén Meléndez.
La primera fuente aseguró que la magistrada presidenta, Dora Esmeralda Martínez, y el magistrado Noel Orellana impulsaron este pacto e indicó que Meléndez, «como es bastante técnico», proponía algunos cambios «pero apoyaba la iniciativa».
Asimismo, detalló que la comisión que estaba a cargo del tema creó dos propuestas y que los magistrados las conocieron por medio de sus representantes. Indicó que el tema nunca llegó a organismo colegiado, es decir, no hubo votación, pero los magistrados estaban al tanto de la iniciativa.
Aseguró que el equipo de Wellman mencionaba que él estaba en contra de contratar una agencia digital que se encargaría de implementar el pacto y Olivo pedía que se creara «la figura del tercer observador». Según la misma fuente, ambos dilataban el tema porque no estaban de acuerdo con la regulación que se haría por medio de redes sociales a la campaña adelantada.
El pacto de ética comprendía un cronograma de actividades, dentro del cual se indicaba que se crearía un listado de las cuentas de redes sociales de funcionarios, diputados y partidos políticos, así como la verificación de cuentas del TSE por medio de la presentación de documentación legal a los representantes regionales de redes sociales.
Una de las fuentes dijo que ya se había establecido comunicación con Facebook y Twitter para regular el proselitismo en estas redes, pero que no avanzó porque no se concretó el proyecto.
De hecho, en diciembre pasado, Wellman afirmó que la Unidad de Comunicaciones había establecido conexiones «con Facebook y Twitter a manera de ver si se puede controlar la violencia electoral que se lleva en las redes sociales». En esa oportunidad, el funcionario pidió a la población «actuar con cordura» porque consideró que las elecciones deben verse como «una fiesta cívica».
El proyecto estipulaba que los partidos políticos en contienda — Cambio Democrático (CD), Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Democracia Salvadoreña (DS), Nuestro Tiempo, Nuevas Ideas, Vamos, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Partido de Concertación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC)— se comprometieran a cumplir las leyes. «Cumplir con las disposiciones del artículo 81 de la Constitución de la República y los artículos 175 al 179 y 226 al 231 del Código Electoral, que regulan los plazos para desarrollar la propaganda electoral, y por lo tanto a evitar el proselitismo en todos los medios de comunicación fuera de los tiempos que el calendario electoral establece», reza el documento con fecha de octubre de 2020.
También solicitaba a los institutos políticos promover una cultura cívica democrática «entre la militancia y trasladar ese esfuerzo» a las plataformas digitales.
Asimismo, invitaba a «evitar la campaña sucia que involucra la discriminación y ataques a la dignidad de las personas» y «rehuir de las malas prácticas en las redes sociales». En este último punto se buscaba evitar emplear «la desinformación para influir a la ciudadanía y el uso de cuentas falsas» para manipular los espacios de discusión.
Se desconocen las razones por las que ambos funcionarios electorales dilataban el proyecto. Este medio intentó comunicarse con el magistrado Wellman, pero la respuesta fue que no podía brindar declaraciones porque estaba ocupado. En el mismo sentido, se buscó hablar sobre el tema con el magistrado Olivo; sin embargo, aunque el encargado de Comunicaciones dijo que respondería tras consultar con el funcionario, nunca hubo contestación.
En noviembre pasado, el TSE organizó un evento para establecer un acuerdo verbal con representantes de partidos políticos, a raíz de distintos incidentes que se habían registrado en algunas juntas electorales departamentales (JED) por la inscripción de planillas para concejos municipales.
Durante la sesión, los representantes de los institutos políticos estuvieron de acuerdo con la elaboración de un documento para respetarse previo a las elecciones.