Más de 300 familias del cantón San José «La Baza» del municipio Tapalhuaca, en La Paz han sido afectadas por la empresa Argoz S. A. a quienes no les entregaron las escrituras de lotes adquiridos pese a que cuentan con los recibos de pago, explicaron diputados de Nuevas Ideas.
Marcela Pineda, Raúl Castillo y Christian Guevara presentaron un aviso ante la Fiscalía General de la República contra la empresa Argoz S. A. de C. V., porque la empresa «no ha cumplido con los diversos requisitos entre los cuales están: realizar un nuevo proceso topográfico para poder remedir la lotificación y contar con los permisos respectivos, alegando dicha corporación que se encuentra en ‘quiebra’».
Los legisladores explicaron que un caso similar sucedió en la lotificación San Pedro, en San Pedro Nonualco, donde alrededor de 60 familias fueron afectadas por la misma empresa quienes a pesar de haber pagado sus terrenos, no cuentan con sus escrituras. Los diputados explicaron que en ambas locaciones estas familias «sólo cuentan con los recibos de pago, certificación de cancelación de crédito, y un contrato de arrendamiento con promesa de venta».
«Esta lotificadora ha estado estafando a nivel nacional por muchos años. Existen indicios de que ya había otros avisos, pero teníamos una FGR que no trabajaba por el pueblo salvadoreño», explicó la diputada Pineda.
La legisladora reiteró que la lotificadora Argoz ha utilizado diferentes mecanismos «para evadir la justicia». Que las personas han pagado sus lotes, y se les dio promesas de venta.
Mientras que la ministra Michelle Sol dice que «lo que nos interesa es que cumplan, son muchas empresas señaladas. La Fiscalía ya tiene un listado de lotificadoras que no han regulado sus procesos, y así poder hacer las denuncias formales».
La titular de Vivienda dijo que otro caso similar sucede con la Asociación Salvadoreña de Promoción Capacitación y Desarrollo (PROCADES) la cual cometió fraude en contra de 245 familias que habían pagado su terreno a través del programa de créditos de FONAVIPO, pues las lotificaciones ya tenían propietarios. Estas familias son de La Libertad, Usulután y de San Salvador.
Las personas que fueron estafadas han estado luchando desde 1998, año en el que la lotificadora PROCADES cometió fraude en contra de las familias que habían pagado su terreno a través del programa de créditos de FONAVIPO, pues los lotes ya tenían propietarios.
FONAVIPO fue a juicio en este caso y se le adjudicaron, como pago por los $5.3 millones estafados a las familias, inmuebles propiedad de la asociación PROCADES; sin embargo, para que la institución gubernamental pudiera donar los inmuebles a las familias afectadas debía aprobarse un decreto en la Asamblea Legislativa, lo cual no sucedió conforme a la necesidad del caso, ya que producto de un decreto transitorio, emitido en 2018, solo fueron favorecidas 60 familias.
Con 84 votos, los legisladores aprobaron el 5 de octubre anterior, la transferencia de los inmuebles ganados por el Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO), en el juicio contra PROCADES, para donarlos a las 245 familias afectadas.
Las familias que serán favorecidas con la aprobación de esta ley habitan en distintos municipios del país, entre estos: Tecoluca (San Vicente), San Pablo Tacachico (La Libertad), Puerto El Triunfo (Usulután), Usulután, Ilopango (San Salvador), Ayutuxtepeque (San Salvador), entre otros.
La ministra Sol ha llamado a la población a no caer en las trampas de lotificadoras, «las personas que quieran comprar un lote deben verificar si la lotificación está registrada en el ministerio de Vivienda, para evitar problemas con las escrituras o en muchos casos evitar estafas», mencionó.