Es importante recordar que en diciembre de 2019 una nueva enfermedad empezó a tener luz mediática, por su veloz propagación desde la provincia de Wuhan, República Popular China. Esta enfermedad se denominó COVID-19, la cual en enero de 2020 se propagó alrededor del mundo y se convirtió en una pandemia, que afectó los sistemas de salud, ya que al tener la peculiaridad de propagación y altos niveles de contagios desbordó los sistemas sanitarios de España e Italia. Mientras que, en el caso latinoamericano, Brasil y Ecuador presentaron las imágenes más trágicas, como cremaciones en la vía pública y entierros masivos. En el caso salvadoreño, debido a la corrupción y la negligencia de los gobiernos anteriores, el sistema de salud no estaba preparado para una emergencia de esa dimensión catastrófica.
El Salvador y el mundo se sumergieron en una crisis sanitaria de grandes proporciones y repercusiones en los campos de la salud y la actividad económica. Los efectos de la pandemia causaron una ralentización económica que dio como efecto el paro total o parcial de las actividades económicas globales, un resultado negativo para países con economías debilitadas como la salvadoreña, que son periféricas a las coyunturas mercantiles.
Si durante la crisis por la pandemia de COVID-19 el Estado salvadoreño no hubiera tenido el liderazgo fuerte del presidente Bukele, hubiese sido un impacto negativo en el desarrollo nacional salvadoreño, pues en materia política se necesitó un diálogo entre los poderes del Estado salvadoreño y los gobiernos locales; donde la oposición, al tener el poder en la vieja Asamblea Legislativa, intentaba boicotear las acciones que el Poder Ejecutivo trataba de aplicar.
Felizmente, el liderazgo del presidente Bukele permitió la gobernanza y gobernabilidad democrática que sacó adelante a El Salvador, ya que el establecimiento de canales de comunicación eficaces y el diálogo ininterrumpido con los sectores públicos, privados y demás fuerzas vivas fueron fundamentales para gestionar la reestructuración empresarial de manera sostenible y conservar el empleo, a pesar de tener una oposición política que aunque estaba en decadencia trataba de arruinar los planes contingenciales del presidente Bukele, pues buscaba mantener sus antiguos y oscuros privilegios a costa de la vida de millones de salvadoreños. Además, buscaba aprobar préstamos, pero con la condición de recibir porcentajes.
Aún se recuerdan los discursos de los pasados diputados y de otros opositores que decían que no se necesitaba construir un hospital nuevo, «solo se necesitaba construir un hospital de campaña», lo que demostró que para las antiguas y caducas élites políticas la salud y dignidad de la población salvadoreña no valían nada, pues es obvio que los hospitales de campaña no funcionan para largos períodos y climas cambiantes, como lo demostró el hospital de campaña en Valencia, España, donde se tuvo que evacuar a pacientes por fuertes vientos. En el caso salvadoreño solo es de imaginar los temporales, las inundaciones y las precipitaciones que suceden en el invierno [sic], lo cual hubiese sido una catástrofe para los pacientes, las enfermeras, los doctores y el equipo médico, pero un manjar para los opositores, que cuatro años después siguen deseando lo peor para los salvadoreños.
Felizmente, el presidente Bukele sabía que esa pandemia no duraría unos cuantos meses, de ahí que nunca vio como opción un hospital indigno y denigrante para la población, sino que al tener un liderazgo transformacional se decidió la construcción de un nuevo hospital, y a pesar de que no hubo tiempo para prepararse en el pasado no fue excusa para la construcción del Hospital El Salvador.
En ese orden de ideas, el Gobierno Central permitió el reinicio de actividades en la industria textil y de plástico, de ahí que dichas empresas comenzaron operaciones reorientando sus actividades a la producción de insumos médicos para ayudar a disminuir la curva de contagios de COVID-19.
El impacto económico de la pandemia fue adverso para la seguridad y el desarrollo nacional de El Salvador, tomando en cuenta la vulnerabilidad que sufría el país ante las diferentes amenazas en la vida de la población, aunado a los fenómenos naturales, antrópicos y oposición que quería desestabilizar el Gobierno como parte de sus objetivos político-electorales.
En lo referente a la seguridad nacional se hizo necesario que el liderazgo político del presidente Bukele estableciera políticas públicas orientadas a reinventarse y reposicionarse, como el protocolo sanitario para garantizar los derechos de salud y vida de las personas, en el proceso de reactivación gradual de las economías durante la pandemia por COVID-19, así mismo, el Gobierno anunció un plan económico para el sector empresarial y ayuda para los sectores vulnerables afectados por los efectos en la economía.
El Gobierno de El Salvador amplió su personal de salud y de diversos ministerios, como el Ministerio de la Defensa Nacional por medio del Batallón de Sanidad Militar, para apoyar al Ministerio de Salud en la detección de casos, incluso con la búsqueda fuera del sistema de salud pública tradicional para formar a trabajadores no pertenecientes a dicho sistema y que pudieran servir de apoyo en todas las tareas necesarias ante la emergencia.
Ante este escenario, el Estado salvadoreño invirtió en la prevención y la creación de las condiciones óptimas para que la economía y la industria del país se recuperaran de esa crisis que rondaba entre lo sanitario y lo financiero; recordando que el mayor interés para la economía era recuperar y mantener altos estándares de sanitización en las fronteras, aeropuertos, turismo internacional y regional, entre otras actividades diarias y que fundamentalmente contribuyeran al desarrollo integral del Estado salvadoreño.
Al mismo tiempo se evidenció que la seguridad nacional del Estado había obligado al Gobierno a fortalecer sus fronteras y otras tareas de seguridad doméstica, acciones que fueron fortalecidas e incrementadas por la Fuerza Armada, una vez decretado el estado de emergencia nacional.
En lo que respecta al Estado salvadoreño, desde 2020 generó incentivos económicos para empujar financieramente a las pymes, para robustecer la seguridad nacional y garantizar la proyección de un desarrollo nacional, esto es así, pues, por lo menos hasta el pasado 2023 la COVID-19 siguió siendo parte de la realidad salvadoreña y mundial, que ahora es parte de la nueva normalidad.
