El expresidente de Perú, Pedro Castillo, ratificó el jueves en la madrugada la solicitud de asilo ante la embajada de México en el país sudamericano.
«El embajador Pablo Monroy me reporta desde Lima que pudo entrevistarse a las 13:20 horas con Pedro Castillo en el Centro Penitenciario. Lo encontró bien físicamente y en compañía de su abogado», compartió ese mismo día el canciller mexicano Marcelo Ebrard a través de su cuenta de Twitter.
«Hemos procedido a iniciar consultas ante las autoridades peruanas. Les mantendré informados», publicó en otro tuit.
De acuerdo con el ministerio de Relaciones Exteriores mexicano, el abogado de Castillo, Víctor Pérez compartió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador en la que solicitó considerar otorgar el asilo de su cliente «frente a la persecución política» y el «grave riesgo» en el que se encuentra.
Mientras tanto, en Perú la nueva presidenta Dina Boluarte anunció que mañana formará un nuevo gobierno tras la destitución de Castillo, quien permanecerá detenido tras la investigación en su contra por el delito de rebelión.
El malestar social también se manifestó en las principales ciudades, donde miles de peruanos salieron a la calles a solicitar una convocatoria para elecciones generales y a dar su apoyo al expresidente.
Una encuesta publicada en noviembre por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) indicó que el 87% de la población consideró que en caso de que Castillo fuera inhabilitado por el Congreso, las autoridades debían convocar a elecciones generales. Además, solo el 8 % prefirió que el actual Legislativo se quede hasta el 2026.
Castillo, señalado por corrupción desde hace meses, también obtuvo un 61 % de desaprobación en su gestión.
Respecto a la pregunta, ¿Usted aprueba o desaprueba el desempeño del Congreso de la República? El 86% de los consultados lo desaprobó.
El estudio reveló que los participantes que tienen un mayor interés en la política tienden a desaprobar en mayor medida al Congreso y al presidente del Congreso, José Williams.
El 89% de las personas interesadas en la política rechazó el Congreso y los que tienen menos interés en este ámbito, atribuyó el 83% de desaprobación.