A raíz de una serie de inconvenientes denunciados por algunas personas que han hecho tratos con lotificadoras en el departamento de Morazán, cuyos casos han sido conocidos por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la delegación de dicha institución ha comenzado un proceso de monitoreo de los proyectos de lotificaciones.
La PDDH ha identificado que, en algunos de los casos que ha conocido, las lotificadoras podrían haber cometido irregularidades catalogadas como delito. Por eso, uno de estos procesos fue remitido a la Fiscalía General de la República (FGR).
«El monitoreo es para verificar las condiciones de habitabilidad, de seguridad jurídica y la accesibilidad a la vivienda en el departamento, porque sabemos que en todos lados hay lotificaciones, pero la pregunta es si están legales, y lo otro es si llenan los requisitos técnicos de ley, y el otro tema son los permisos ambientales», dijo Roberto Martínez, delegado de la PDDH.
Las autoridades de la institución en Morazán aseguran que aunque dichos asuntos son entre particulares y que no son directamente de su competencia, no dejan de ser de interés público, sobre todo de derechos humanos, y lo que se hace con dichos procesos es remitirlos a la autoridad competente, como se hizo con el caso que se envió a la FGR.
Para elaborar el monitoreo, primero se identifican cuáles son las lotificaciones que existen en los municipios y, segundo, se les solicita a las alcaldías que inspeccionen la legalidad de estas.