Impulsar estrategias de seguridad y velar porque los centros escolares estén preparados ante posibles escenarios de tiroteos en Estados Unidos es uno de los principales objetivos de la salvadoreña Reyna Esperanza Díaz como miembro de la junta de educación del distrito escolar unificado Duarte, en California, desde hace más de dos décadas.
Antes de cada visita, Díaz estudia un documento con todas las disposiciones. No solo revisa las instalaciones, sino que toma nota de lo que no está bien para consultar al superintendente del distrito si ya se cambió. «Me preocupo por los estudiantes y el personal que trabaja en el centro escolar», manifestó.

La connacional, junto con cuatro personas más de la junta, efectúa los recorridos una vez al año en los siete centros escolares del distrito, inspecciona la instalación de cámaras de videovigilancia, que las puertas de las aulas se encuentren en excelentes condiciones, que los edificios tengan un número correspondiente para identificar con mayor facilidad en cualquier altercado y que en cada simulacro se cumplan los debidos procesos.
«Definitivamente necesitamos leyes más estrictas. El acceso a las armas está afectando a las escuelas. Los agresores deciden ir a matar a las instituciones donde ellos fueron educados porque están enojados por cierta razón contra ese mismo centro», comentó Díaz.
Aunque en Duarte no se ha vivido una balacera en sus academias, sí se ha recibido llamadas de amenazas. Cuando ocurre esta emergencia, se lanza una alerta, cierran las escuelas y se activan todos los protocolos de seguridad. Acuden policías y bomberos y rodean el área, detalló Díaz. «Tenemos que prevenir», afirmó.
El Archivo de Violencia Armada define que un tiroteo es masivo cuando hay cuatro o más víctimas, sin incluir al tirador. Uno de los incidentes masivos de este año fue registrado en marzo, cuando la exestudiante de la escuela cristiana privada The Covenant School Audrey Haley, de 28 años, ingresó con varias armas y mató a tres niños y a tres adultos. Las instalaciones están en Nashville, Tennessee.
La investigación policial reveló que Haley murió en la escena y se identificaba como transgénero; además, adquirió legalmente siete armas en cinco armerías locales diferentes y unas las escondió en su vivienda.
Las balaceras en escuelas, centros comerciales y en días feriados han puesto en serios debates al Gobierno de Joe Biden y al Congreso sobre el acceso a las armas y normas con más prohibiciones para adquirirlas. Ambos órganos no han tenido éxito para impulsar un proyecto de ley que prive estas acciones.

Para que el tema no quede solo en discusión, la salvadoreña acudió en abril en caravana, junto con otras mesas directivas en California, al Congreso en Washington. Su misión fue solicitar ayuda en los aspectos donde las escuelas están más expuestas, entre ellos, los tiroteos, armas y el fentanilo. «Para nosotros son problemas críticos las armas y las drogas», señaló.
Díaz percibió que no hay avances porque los congresistas no se ponen de acuerdo. «Cada uno tiene su propio interés», dijo. La comitiva fue recibida por al menos cinco parlamentarios, entre ellos, Grace Napolitano. «Las fábricas de armamentos son las que más ayudan en las campañas políticas», opinó.
Los líderes en educación exigieron una legislación más severa y más control en la venta de armas. «Aquí pueden entrar a cualquier tienda con su licencia y se les vende la pistola, a veces ni chequean el historial» de los compradores, indicó.

«Sabemos que tenemos las manos cerradas. Napolitano nos comentó que estaba trabajando en ello, pero que los otros [congresistas] no quieren cooperar», fue su respuesta.
La salvadoreña aclaró que aunque no haya avances en el Congreso, como autoridades locales analizan iniciativas y las aplican en sus sectores.
En 2022 hubo al menos 46 tiroteos en escuelas, de acuerdo con una investigación de «The Washington Post».

