En el caso Saqueo Público la Fiscalía ha presentado las pericias clave que revelan la sustracción de más de $351 millones a través de una red estructurada para tal fin y dirigida por el expresidente Mauricio Funes con la ayuda de su más cercano círculo de amigos, familiares, exfuncionarios y exempleados de Casa Presidencial.
Expertos dijeron ante los jueces del Tribunal Primero de Sentencia que hubo un beneficio personal, que con fondos públicos se compraron bienes, inmuebles y se financiaron viajes de placer.
Agregaron que Funes compró con dinero del Estado pinturas e instrumentos de gimnasio y spa para su excompañera de vida, Ada Michelle Guzmán Sigüenza.
De forma clara y precisa, los peritos ilustraron a los jueces los mecanismos utilizados por la estructura para apropiarse del dinero y el rol que ocupó cada imputado para consumar los delitos de corrupción entre el 2009 al 2014, período en el cual Funes fungió como presidente de la República y que desde antes de tomar posesión ya existía el plan.
Hace una semana, el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio autorizó la venta anticipada de una de lujosa residencia confiscada a Funes, ubicada en Antiguo Cuscatlán y por la cual habría pagado $900,000, dinero que era parte de los $3.5 millones que la italiana Astaldi le entregó como soborno, y por el que tiene un proceso penal abierto.
En abril de 2019, La Fiscalía General de la República materalizó 61 propiedades adquiridas con fondos públicos por parte de personas relacionadas al prófugo Funes.
La Unidad Especializada de Extinción de Dominio, de la FGR, informó entonces, que entre los bienes inmuebles intervenidos se encuentran empresas, locales comerciales, una hacienda, viviendas y una casa en Chile. El valor aproximado de los bienes incautados es de 23 millones, 883 mil dólares.