El decomiso de equipo informático en algunas oficinas del Ministerio de Salud (Minsal) por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) ha comenzado a pasar factura a la institución debido que se han detenido los procesos para la compra de medicamentos para pacientes con cáncer y COVID-19.
De acuerdo con la gerente general del Minsal, Ana Irma Aguilar, las unidades donde durante el allanamiento los fiscales sustrajeron computadoras y documentación son: Dirección Nacional de Hospitales, Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), Recursos Humanos y Dirección Informática.
En términos de operatividad, el retiro de estos equipos ha paralizado el desarrollo de los procesos para la adquisición de medicinas destinadas para pacientes con enfermedades crónicas.
«El tratamiento contra el cáncer de mama que es el Trastuzumab, es un proceso –de adquisición- que tenemos paralizado, de igual manera el Remdesivir que es tratamiento para la COVID-19, es un medicamento hospitalario», comentó Aguilar.
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Expresó que buscan los mecanismos para poder adquirir las medicinas dado que en este momento no cuentan con el equipo porque fue decomisado por los fiscales. Otras repercusiones que señaló Aguilar, es la paralización en el proceso de compra de combustible, pues afectará en la entrega domiciliar de medicamentos a pacientes con enfermedades crónicas y con COVID-19 que fueron dados de alta.
«Tenemos distribución de medicamentos a domicilio para pacientes de consulta externa y evitando que estos pacientes crónicos y renales se aglomeren estábamos proporcionándolos hasta su casa, estábamos enviando medicamento COVID-19 hasta las casas», mencionó.
De acuerdo con el asesor jurídico del Minsal, Jorge Castro, estos procesos de compras de medicamentos y otros insumos que requieren los hospitales y las unidades de salud tienen plazos legales que en este momento el Minsal no los podrá cumplir.
«Ahora lo que sucede es que la LACAP -Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública- establece procesos que tienen plazos legales, esos plazos legales la unidad tiene que ejecutarlos en tiempo porque si no violenta la normativa. Esos procesos están detenidos porque ellos –fiscales- están ahí. Hay una violentación al proceso legal», explicó Castro.
FISCALES LLEVAN ORDEN 36 HORAS DESPUÉS
El jurídico comentó que desde que los fiscales iniciaron con el allanamiento –el lunes 9- no hubo una formalidad de aviso del proceso, ni siquiera se identificaron como tal cuando les solicitaron que mostraran sus credenciales de fiscal.
«El procedimiento legal de la orden de allanamiento de acuerdo al artículo 193 del Código de Procedimientos Penales establece una formalidad y en la notificación usted debe llegar como fiscal y entregar la orden, dar una copia y es cuando se formaliza porque está vinculado al derecho de defensa y audiencia de las personas o en este caso de las instituciones», dijo.
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«En este caso no sucedió ellos ingresaron a la fuerza y no quisieron mostrar la orden y después reconocieron públicamente que no la tenían cuando ingresaron. 36 horas después nos mostraron la orden, no obstante, ya había gente aquí. Entraron 81 fiscales», manifestó Castro.
Explicó que en este caso la orden de allanamiento fue emitida por el Juzgado Tercero de Paz y establece límites y está vinculada nada más a ciertas compras que el Minsal realizó de la pandemia, no obstante, -dijo- los fiscales «han venido agarrar todo lo que quieren y han quitado computadoras».
