Justificar un doble salario en el Estado salvadoreño resulta imposible porque la Constitución de la República establece expresamente que los funcionarios solo pueden recibir un sueldo de fondos públicos.
Sin embargo, lo que nos ha demostrado el trabajo de la comisión especial que investiga los sobresueldos es que los funcionarios en los gobiernos de ARENA y del FMLN consideraban «lícito» y «totalmente legal» recibir fondos de la partida secreta como «complemento de su salario», aunque la ley claramente explica y determina cuál es el salario de un funcionario. ARENA y el FMLN, con esta flexibilidad moral, justificaban y normalizaban una conducta delictiva.
No se trata de los montos que la ley establece como viáticos y remuneraciones extras para algunos empleados públicos (como maestros y médicos, bajo ciertas circunstancias), sino que se trataba de montos que incluso triplicaban el salario nominal de un funcionario.
Así quedó demostrado con la confesión de Luis Mario Rodríguez de haber recibido $8,000 de sobresueldo cuando su salario era de $2,500. Pero los salvadoreños escuchamos con estupor cómo Rodríguez —que era secretario de Asuntos Jurídicos y Legislativos durante el Gobierno de Antonio Saca— pidió un aumento de sobresueldo para llegar a los $11,000 mensuales, además de que el Estado le pagó parte de sus estudios universitarios en España para obtener una maestría.
La estrategia tradicional de la izquierda de fundar ONG para captar fondos de grupos afines en Europa o Estados Unidos fue adoptada, además, como otra táctica para saquear al Estado.
De esta forma nos hemos dado cuenta de cómo incluso no hubo ningún problema para que los diputados del FMLN dieran fondos a las ONG de las que eran directivos. Ellos mismos definían montos, los aprobaban en el pleno legislativo y los recibían en sus negocios, que, como fachada, se presentaban como organizaciones con fines altruistas o que comentaban «prácticas democráticas».
Fundaspad, la ONG que utilizaron exdiputados del FMLN como Schafik Hándal y Eugenio Chicas (este último también exsecretario de Comunicaciones del prófugo Salvador Sánchez Cerén), llegó a recibir $700,000 aprobados por diputados que formaban parte de su directiva y, por tanto, destinatarios directos de los fondos públicos.
El sinsentido de qué fondos gubernamentales fueron a parar a una organización no gubernamental quedó en segundo plano, porque el dinero no tiene ideología.
Las bandas que controlan a ARENA y al FMLN saquearon del Estado millones de dólares, dejando sin recursos a hospitales y escuelas e impidiendo la construcción de carreteras. Estos son los efectos de sus sobresueldos. Y no, no son lícitos ni apegados a la ley.
