Este sábado por la noche, la Policía Nacional Civil (PNC) cumplió la orden de captura emitida por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Juan Pablo Durán, quien fungió como presidente del Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal).
Ha sido acusado de los delitos de cohecho y actos arbitrarios, cometidos cuando se desempeñó como funcionario.
El presidente Nayib Bukele informó que destituyó a Durán después de una investigación en el interior de Bandesal, en la que se detectaron irregularidades.
A diferencia de lo que sucedía en los gobiernos de ARENA y del FMLN, el Gobierno del presidente Bukele informó a la Fiscalía para que esta investigara a fondo. Producto de estas pesquisas, el sábado se procedió a la detención del exfuncionario.
Ahora será el sistema judicial el que retome el caso para determinar la sanción.
«A los funcionarios actuales y anteriores les recuerdo: al que haya tocado o toque el dinero del pueblo salvadoreño le espera la cárcel… Y si usted tocó dinero del pueblo y aún no lo han arrestado, siéntese a esperar su turno», escribió el presidente Bukele en X, al tiempo que ratificó su compromiso con el pueblo salvadoreño de «cero impunidades».
Los viejos partidos políticos rara vez hacían algo cuando uno de sus funcionarios era detectado en actos de corrupción. Los casos no pasaban de anecdóticas reprimendas o del traslado de una institución a otra de menor trascendencia, a manera de castigo.
Hasta vimos el caso de que incluso les avisaban a sus compinches para que abandonaran el país si consideraban que su corrupción había sido tan evidente y desbordada que incluso el anterior y parcializado sistema de justicia no podía hacer nada para ocultarla.
Así sucedió con el expresidente Mauricio Funes, a quien sus correligionarios del FMLN le advirtieron que la justicia lo perseguía por haber saqueado el Estado y le recomendaron que abandonara el país, cosa que hizo, y eligió la protección de un amigo de su partido: Daniel Ortega. El orteguismo, solidario con los compas corruptos del FMLN, le dio la nacionalidad nicaragüense a Funes, como también lo hizo con Salvador Sánchez Cerén, el segundo presidente del FMLN.
ARENA incluso facilitó la salida de Norman Quijano, su excandidato presidencial, quien negoció con las pandillas y hasta les ofreció puestos en el Gobierno.
Ahora, en cambio, estamos ante un presidente que cumple a rajatabla su compromiso con el pueblo salvadoreño, llevando ante la justicia a todo aquel que haya tomado fondos públicos.
