En los primeros 18 días de implementado el régimen de excepción, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) han detenido a 11,037 pandilleros acusados de diferentes delitos cometidos en perjuicio de la población salvadoreña. El martes 12 de abril detuvieron a 433 terroristas en diferentes lugares del país.
Los arrestos se han ejecutado como parte del trabajo articulado de las instituciones del Gabinete de Seguridad, liderado por el presidente Nayib Bukele, con las herramientas que la medida ha brindado para promover la seguridad y tranquilidad de los salvadoreños.
De acuerdo con las autoridades del ramo, el fortalecimiento de las acciones implementadas por la PNC y la FAES ha generado una baja en el índice de criminalidad en el país. Entre el 27 de marzo y el 12 de abril se reporta una reducción en el índice de criminalidad. La Policía informó que ha tenido una baja en la cifra de delitos de alto impacto, principalmente en los homicidios, y en lo que va de abril el país totaliza seis días sin muertes violentas.
«Cero homicidios y un pandillero muerto. Seguimos… #GuerraContraPandillas», escribió el presidente de la república, Nayib Bukele, en Twitter. La Policía informó que solo se registró la muerte de un pandillero en el municipio de Soyapango. Los operativos policiales y militares han llevado a la reducción de asesinatos diarios en el país, prueba de ello es que durante los últimos 19 días se reporta un promedio de 1.5 homicidios por día en todo el territorio nacional.
2,700 mareros seguirán en prisión
En el ámbito jurídico, los jueces especializados de Instrucción han resuelto que 2,700 pandilleros detenidos durante el régimen de excepción continúen en los penales a donde fueron trasladados tras ser capturados por ser mareros o por colaborar con ellos y cometer diversos delitos.
En sus resoluciones, los jueces han accedido en un 100 % a la pretensión de la Fiscalía General, que al momento de presentar las acusaciones solicitó que los mareros siguieran en prisión; solo dos personas fueron puestas en libertad a petición del ministerio público, ya que se verificó que no pertenecían a pandillas.
Entre las últimas acciones que la Fiscalía ha efectuado está la acusación en contra de 132 mareros en el Juzgado Especializado de Instrucción A de San Miguel.
«Esta solicitud de imposición de medidas corresponde al segundo grupo de personas detenidas dentro del régimen de excepción que establece el decreto 333», explicó uno de los fiscales, quien acudió ayer a presentar el escrito de inicio del proceso penal.
Los mareros son acusados del delito de agrupaciones ilícitas reformado por la Asamblea Legislativa y que sanciona con prisión de 20 y 30 años, así como 40 y 45 años para los cabecillas; además, les atribuyen tenencia ilegal de armas de fuego y tenencia y posesión de droga.
