La Asamblea Legislativa acaba de prorrogar la vigencia del régimen de excepción para que el Gobierno del presidente Nayib Bukele continúe con la guerra contra las pandillas.
Aunque el Plan Control territorial y el régimen de excepción han sido una campaña exitosa a través de la cual se ha logrado capturar a más de 68,000 integrantes y colaboradores de las maras, todavía falta mucho trabajo.
Unas horas antes de que los diputados responsables que velan por los derechos de los ciudadanos votaran para mantener la vigencia del régimen de excepción, pandilleros asesinaron a un policía que patrullaba en una zona rural del municipio de Nueva Concepción, en Chalatenango.
Este ataque cobarde muestra que todavía hay estructuras de las maras que han podido mantenerse ocultas y continúan operativas para cometer actos criminales, lo cual respalda la necesidad no solo de mantener activas las medidas excepcionales contenidas en el régimen de excepción, sino que también revela el reto que tienen todavía las autoridades de seguridad pública para erradicar a las pandillas de El Salvador.
El presidente Bukele anunció que este asesinato no iba a quedar impune, por lo que desde ayer en la madrugada este municipio chalateco se encuentra bajo un cerco de seguridad, por medio del cual más 5,000 soldados y policías llevan a cabo una investigación a profundidad para encontrar a todos los integrantes y colaboradores de la estructura de pandillas que cometió el crimen.
Los esfuerzos del Gobierno para preservar la vida, los derechos y los bienes de los ciudadanos han sido objeto de ataques por parte de la oposición legislativa, cuyos diputados (ARENA, FMLN, VAMOS, NT) no solo se niegan a mantener las herramientas legales para combatir a los criminales, sino que también abogan para que los capturados por sus vínculos con las pandillas sean liberados.
Varias ONG, tanto nacionales como extranjeras, mantienen una férrea defensa de los mareros y exigen garantías del cumplimiento de «sus derechos», pero guardan silencio cuando estos criminales asesinan a agentes de seguridad, como fue el caso del policía acribillado en Nueva Concepción.
Los derechos del pueblo salvadoreño honrado, trabajador y honesto son la prioridad del Gobierno, no el cuido de criminales que han cometido asesinatos con lujo de barbarie, infligiendo dolor a millares de familias a lo largo y ancho del país.
El pueblo salvadoreño llora la muerte de un héroe, pero agradece al presidente Bukele la determinación para eliminar la amenaza de las pandillas.