Las reformas del Código Penal que castigan con penas de ocho a 12 años de cárcel la comercialización irregular de lotificaciones ya están vigentes, dando con ello certeza jurídica a los habitantes que han venido denunciando la falta de regulación en la inscripción y compra de sus inmuebles.
Las enmiendas de la legislación penal imponen, además, una pena de tres a cuatro años de cárcel, así como 100 y 150 días multas, para quienes infrinjan la norma, que también impide vender lotes en lugares de alto riesgo.
También entró en vigor la Ley Especial para la Regularización de Lotificaciones y Parcelaciones para Uso Habitacional, que resolverá la problemática que enfrentan unas 350,000 de familias que desde hace años no han podido legalizar terreno o lotes por irregularidades en la compraventa.
Las reformas del Código Penal, así como la nueva ley, fueron propuestas por la ministra de Vivienda, Michelle Sol, y respaldadas por los diputados de Nuevas Ideas.
Con estas iniciativas se pone fin a los problemas que por décadas enfrentaron miles de familias, además de terminar con los abusos cometidos por lotificadoras.